Los amnistiados, con el susto en el cuerpo por si Hacienda también los investiga

David Valera MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Angel Díaz | EFE

El Gobierno se niega a señalar a quienes regularizaron su dinero, pero sí desvelará los nombres de los morosos

18 abr 2015 . Actualizado a las 12:11 h.

La posibilidad de que las actuaciones contra Rodrigo Rato, acusado por la Fiscalía de Madrid de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes, se produjeran a raíz de que la amnistía fiscal ha disparado las alarmas de los 30.000 contribuyentes que, como el exvicepresidente del Gobierno, se acogieron a esa regularización. Y es que una de las condiciones que recogía la medida aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2012 era la exoneración de los delitos tributarios. De hecho, según los despachos de abogados y las asesorías fiscales, parte de los afectados temen que la operación contra Rato suponga un «cambio de tendencia» en la interpretación de la amnistía y puedan emprenderse así investigaciones sobre ellos.

Inseguridad jurídica

De hecho, según los bufetes de abogados, uno de los problemas de la regularización es la «inseguridad jurídica». Y es que, cuando el Gobierno aprobó la denominada declaración voluntaria especial no lo hizo mediante una ley o un decreto, sino a través de una orden ministerial que tiene un rango legal muy inferior. Además, no se detallaban en qué condiciones -es decir, los incentivos- se realizaría. Casi al final del proceso se decidió que quedarían eximidos los delitos tributarios, pero no el resto, como por ejemplo el blanqueo de capitales. Esto fue lo que, según datos del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), provocó que el 95 % de las regularizaciones se produjesen en el último mes habilitado. En cualquier caso, en función de esa bula parcial, la Agencia Tributaria remitió al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) los 705 expedientes que se acogieron a la amnistía.

Sin embargo, a Rato la Fiscalía de Madrid también le imputa un delito de fraude fiscal -presumiblemente producido a partir del 2011, ya que los años anteriores están perdonados por la amnistía-, lo que ha generado inquietud entre el resto de los amnistiados.

Nada que ver con la amnistía

Curiosamente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, trató ayer de dejar claro que la operación contra el ex director gerente del FMI no guarda relación con la amnistía fiscal. «Es una investigación de la Agencia Tributaria desde hace bastante tiempo», afirmó Montoro durante su intervención tras el Consejo de Ministros. De hecho, recordó que la actuación que se está produciendo tiene su origen de la información obtenida mediante el modelo 720, es decir, la declaración de bienes en el extranjero en la que la Agencia Tributaria habría detectado incongruencias en el caso de Rato. Según fuentes de la Agencia Tributaria, la investigación podría remontarse hasta casi un año atrás teniendo en cuenta que el modelo 720 se aprobó en el 2013, lo que permite a Hacienda empezar a investigar.

Además, Montoro se escudó en que la ley actual prohíbe la publicación de datos fiscales para defender que no se hagan públicos los nombres de quienes se acogieron a la amnistía. Precisamente, 705 de los 30.000 contribuyentes que aprovecharon esa oportunidad para regularizar su dinero están siendo investigados por presunto blanqueo de capitales. Sin embargo, Montoro también rechazó la posibilidad de publicar esa lista e incluso aseguró desconocer quiénes la integran.

Lista de morosos

Lo que sí hará público el Gobierno será la lista de morosos con Hacienda. Y es que el Consejo de Ministros aprobó definitivamente ayer la reforma de la Ley General Tributaria en la que se recoge la publicación de ese listado. En concreto, se incluirán en él a aquellas personas físicas o jurídicas con deudas pendientes superiores a un millón de euros no ingresados en el período voluntario.