Ciertas decisiones judiciales chirrían a los ciudadanos, que cada año destinan 1.500 millones de euros de sus nóminas al funcionamiento de la Justicia
02 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Seguramente usted se acordará de la sentencia de la minifalda, aquella que venía a acusar a la víctima de un abuso de provocar a su agresor. Esta sentencia, y algunas más con las mismas características, salen a la luz por llamativas. Otras pasan desapercibidas para la mayoría de la opinión pública. Pero no para una minoría de esos contribuyentes que destinan una parte de su nómina al pago de impuestos que irán al funcionamiento de la Justicia: 1.500 millones de euros. Sin entrar a discutirlas técnicamente, abordemos el análisis de ciertas decisiones judiciales que chirrían para los iniciados en materia legal. Empecemos.
Caso Asunta
Un caso del 2013. La Audiencia Provincial de A Coruña -así salió publicado- decidió a través de un auto que Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres de la preciosa e inteligente niña Asunta, iban a permanecer en la cárcel hasta conocer la sentencia. El juicio arrancará el 29 de septiembre.
El caso juzgado es lo suficientemente grave como para tener todas las precauciones posibles y su investigación tiene que ser profunda y minuciosa. Si los padres son declarados culpables, pasaría desapercibido que los jueces hubiesen decidido que permaneciesen en prisión. Pero ¿y si son inocentes? ¿Es normal que estén entre rejas desde hace casi dos años?
Caso Wanninkhof
Inocente en la cárcel. Abordemos ahora el caso de la gallega Dolores Vázquez, que fue acusada de asesinar a Rocío Wanninkhof, una joven de 19 años. Lo que sufrió Vázquez en aquel final de 1999 fue, en la práctica, una dilapidación en la plaza pública. Fue condenada a permanecer en la cárcel 15 años y al pago de una indemnización de 18 millones de pesetas (108.182 euros). Años después se volvió a revisar la causa y en el 2008 el Ministerio de Justicia reconoció que la acusada había sido víctima de «un error judicial». Fue exculpada y el ciudadano británico Tony Alexander acabó siendo el único culpable. Vamos a suponer que este fue un calvario que pasó a la historia. Lo que no parece muy normal -claro que a ojos del que no estudió la ciencia jurídica- es que Dolores Vázquez pida una indemnización amparándose en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el citado «poder» le diga que lo siente mucho, pero que no le corresponde porque debería de haber reclamado los 4 millones de indemnización a través del artículo 293. ¿Piensa usted lo mismo que yo, aunque esté equivocada?
Al Supremo
Los afines. Una noticia de este mismo mes informaba de que el Consejo General del Poder Judicial elegía a Luis Díez Picazo en la sala del Tribunal Supremo. Hasta ahí todo normal si no fuera porque se comenzaron a denunciar «intrigas palaciegas» por parte del presidente del Consejo y del supremo, Carlos Lesmes, quien influyó para la elección de un afín para la sala que ve los recursos contra los decretos del Gobierno.
Caso Rato
No habla ¿con razón? La reputación de Rodrigo Rato está por los suelos: tarjetas black, salida a Bolsa de Bankia, preferentes, etcétera, etcétera. No obstante, parece lógico que el banquero no quiera declarar hasta saber de qué lo acusan. ¿No haría usted lo mismo?