Hacienda retrasa al 2018 endurecer los módulos para los autónomos

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

benito ordoñez

También amplía los límites para que los empresarios facturen por esta vía

09 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Algo más de 1,4 millones de autónomos en España declaran su actividad al fisco a través del régimen de estimación objetiva, popularmente conocida como «módulos». En Galicia esa cifra se acerca a las 90.000 personas, que respirarán aliviadas después de que Hacienda haya mostrado su intención de posponer dos años, hasta el 2018, el endurecimiento de los requisitos que les impediría seguir declarando a través de esta fórmula, que supone una cuota fija en lugar de tributar por la diferencia entre ingresos y gastos, que obliga a llevar una contabilidad.

Y es que el grupo popular en el Senado ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2016 con el objetivo de dar un nuevo balón de oxígeno a los autónomos adscritos a esta fórmula. También CiU ha presentado en la Cámara alta una enmienda similar, aún más laxa que la del PP, que es la que previsiblemente saldrá adelante antes de que los Presupuestos vuelvan al Congreso para su aprobación definitiva el próximo día 20.

En el texto, los populares proponen retrasar dos años la entrada en vigor de los nuevos -y más restrictivos- topes que la reforma fiscal del 2014 fijó para que los empresarios pudieran continuar facturando por estimación objetiva. Así, durante el 2016 y el 2017 miles de pequeños negocios que trabajan directamente con el consumidor final (se incluyen todo tipo de comercios, taxis, etc.) que facturen hasta 250.000 euros anuales podrán seguir tributando por módulos, ya que la rebaja a 150.000 euros al año -prevista en la reforma fiscal, la ley 26/2014- no entrará en vigor el próximo enero, como estaba previsto. También los profesionales estarán obligados a emitir factura por los servicios prestados a otras empresas cuando estos superen los 125.000 euros al año, en lugar de los 75.000 que marcaba el cambio normativo pospuesto.

Más margen para «adaptarse»

La enmienda del PP, identificada con el número 3.460, justifica la nueva ampliación de la moratoria -cabe recordar que la reforma fiscal ya estableció un período transitorio de un año para la entrada en vigor de los nuevos máximos de facturación, hasta enero del 2016- en la «necesidad de adaptación de la organización de los empresarios individuales a las nuevas obligaciones formales y de registro de operaciones, que va a conllevar la exclusión del método de estimación objetiva». Ello «aconseja -prosigue- establecer para el 2016 y el 2017 un régimen transitorio que facilite dicha adaptación».

Las organizaciones de autónomos y patronales sectoriales, como ATA o Fedepesca, se han felicitado por la que consideran una buena noticia para los pequeños empresarios, que podrán mantener este sistema de tributación objetivo, y una victoria de la «presión» realizada para convencer al Ejecutivo de la necesidad de no rebajar los límites.

Fedepesca había evaluado el impacto del incremento de los costes de gestión para los comercios especialistas de productos pesqueros -en caso de pasar del régimen de módulos al de estimación directa- en 2.400 euros por empresa y año. En la misma línea, ATA calculaba que el cambio de un régimen a otro supondría un gasto anual adicional de 15.000 euros para 100.000 transportistas autónomos, algo inasumible en muchísimos casos.

Una lectura muy diferente la hace Gestha. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda defiende que el sistema de módulos -señalado de forma recurrente como un nicho de fraude- sea «lo más restrictivo posible y solo para quienes vendan al consumidor final».

«Cualquier persona debe tributar por diferencia de ingresos y gastos, que es lo que determina la renta disponible sujeta a imposición. ¿Por qué no un autónomo? Igual que un mileurista hace su declaración del IRPF según sus ingresos, es difícil de creer que un pequeño empresario no tenga un ordenador para llevar su contabilidad», apunta el secretario general, José María Mollinedo, que considera «excesivamente amplia» la moratoria. «Nos parece poco serio desde el punto de vista de la técnica normativa», añade.