Los nuevos jubilados gallegos cobran ya menos que los retirados hace un año

Ana Balseiro
ana balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Pensiones de jubilación en febrero
La Voz

Es una situación que solo se repite en Baleares y Madrid, por las menores cotizaciones

16 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Por primera vez los nuevos jubilados gallegos cobran menos pensión, de media, que quienes se retiraron hace un año. Así lo reflejan las últimas estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Empleo, que recogen que quienes se despidieron de su actividad profesional y cobraron su primera jubilación este enero percibieron una prestación media de 1.238,91 euros, casi dos euros menos que quienes estrenaron jubilación doce meses atrás.

Aunque la cuantía no parezca excesiva (1,77 euros, apenas un 0,14 % menos), sí refleja una situación insólita que, además de en Galicia, se repite en Baleares (-3,5 %) y en la Comunidad de Madrid (-0,7 %), y que responde a reducciones de las bases de cotización, cuando la evolución lógica -salvando la excepción de la crisis, que contrajo notablemente los salarios- es que aumenten, como ocurre tomando la media del conjunto del país, donde los nuevos retirados en enero percibieron 1.376,93 euros, prácticamente un 2 % más que hace un año.

La anomalía detectada en las nuevas jubilaciones, sin embargo, no se repite para el conjunto de nuevos pensionistas, ya que incluyendo -junto con las de jubilación- las pensiones de incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor familiar, la prestación media en Galicia se incrementó casi un 4 %, al pasar a 979,16 euros desde los 942,29 de febrero del 2016.

En cualquier caso, en el arranque de este año la comunidad sigue por debajo de la media de España, que supera más que holgadamente los 1.100 euros -concretamente 1.118- y es el tercer territorio con una cuantía más baja, solo por detrás de los 840,31 euros de media de Extremadura y los 974,57 de Andalucía.

Espinosa reforma sobre la mesa

Agudizados por la crisis, los números rojos del sistema público de pensiones, que cerró el 2016 con un déficit récord por encima de 18.500 millones de euros (el 1,7 % del PIB), apremian para acometer con urgencia una reforma que garantice no solo su sostenibilidad, sino también su suficiencia en el futuro. De hecho, dicha reforma, en la que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo lleva trabajando desde el pasado mes de noviembre, será una de las tareas más importantes de esta legislatura. Y también de las más espinosas y complejas, marcada por la aritmética parlamentaria y por la necesidad de llegar a acuerdos que permitan sacar adelante cualquier cambio.

Un ejemplo de las profundas diferencias de criterio que sobre las pensiones hay en el arco parlamentario se escenificó este martes, cuando el pleno del Congreso -con los votos en contra del PP y Ciudadanos- aprobó una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE instando al Gobierno a vincular nuevamente con el IPC la revalorización anual de las pensiones -eliminada en la reforma de los populares del 2013- para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. La pretensión es derogar el índice de revalorización, que vincula la revisión anual de la prestación al ciclo económico y que se ha traducido en un incremento mínimo, del 0,25 %, en los últimos cuatro años.

Aunque la PNL no es vinculante para el Ejecutivo, evidencia lo difícil que será alcanzar acuerdos en el seno del Pacto de Toledo, que el próximo mes de junio presentará un informe con sus propuestas -ahora están en la fase de escuchar a expertos en la materia- para reformar el sistema de pensiones. De hecho, los grupos que respaldaron la PNL en el hemiciclo advirtieron al Gobierno que no habrá ningún acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo si no restaura la revalorización de las pensiones en función de la inflación -para este año, con el IPC repuntando un 3 %, reclaman un 1,2 % en lugar del 0,25 % aprobado- y deroga el factor de sostenibilidad. Este último, que entrará en vigor en enero del 2019, adapta la pensión a la esperanza de vida.

Galicia, con 979 euros, es la tercera comunidad con una pensión media más reducida

La comunidad pulveriza el récord del gasto en pensiones, por el aumento de la cuantía y el número de beneficiarios

Los dos retos principales para la sostenibilidad del sistema público de pensiones son la demografía, que se traduce en un incremento imparable del número de beneficiarios por la mayor esperanza de vida -se agudizará con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom-, y el aumento de la cuantía de las prestaciones, derivada de cotizaciones más elevadas. Las cifras oficiales lo confirman, ya que Galicia pulverizó el pasado febrero el récord del gasto en pensiones: 584,6 millones de euros frente a los 570,6 de un año antes, es decir, un 2,5 % más de desembolso mensual para un número también creciente de beneficiarios, que pasaron de los 753.060 del 2016 a los 756.226 de la última estadística. Y ello pese a ser la comunidad -solo por detrás de Asturias, con casi un 1,8 %- en la que menos creció la nómina de las prestaciones.

Evolución

Lo mismo ocurre si, en lugar del conjunto de pensiones, se analiza la evolución de las prestaciones de jubilación, que en la comunidad pasaron de 467.482 beneficiarios y casi 402 millones de euros en febrero del pasado año a algo más de 470.000 gallegos y 413,2 millones el mes pasado.

¿Qué medidas tomar ante este escenario? Expertos y agentes sociales proponen recetas múltiples y muy diferentes, y así las están trasladando al Pacto de Toledo: desde retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años hacia los que caminamos progresivamente hasta incrementar las cotizaciones sociales, pasando por incentivar el ahorro privado para complementar la pensión pública o implantar un sistema de «cuentas nocionales» o individuales en las que se cobra según lo que se ha cotizado en la vida laboral.

En lo que coinciden todos los que participan en este debate es en que el modelo español de pensiones es sostenible, pero necesita «retoques» urgentes para asumir los retos futuros. Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA, advertía en una reciente mesa redonda sobre el tema que se necesitarían 27 millones de asalariados para pagar a los más de 15 millones de pensionistas que se prevé habrá en el 2050. Hoy tenemos casi 9,5 millones de pensionistas y un déficit del 1,7 % del PIB.