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El Ciadi puede tardar años en resolver sobre la expropiación de Electricaribe

El conflicto abierto entre Gas Natural Fenosa y el Gobierno colombiano queda en manos de un arbitraje internacional

Barcelona / EFE

El conflicto abierto entre Gas Natural Fenosa y el Gobierno colombiano por la liquidación de su filial Electricaribe quedará, a partir de esta semana, en manos de un arbitraje internacional, por lo que la solución a este contencioso puede demorarse en el tiempo.

Y es que la multinacional energética española prevé presentar a principios de semana una demanda contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial con sede en Washington.

No obstante, este tipo de conflictos también pueden tener acogida ante otros dos organismos internacionales: la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y el Tribunal Arbitral de París, vía que Gas Natural eligió contra la argelina Sonatrach.

En el caso del Ciadi, Gas Natural también tiene experiencia en este tipo de arbitraje internacional, ya que en el 2003 demandó a Argentina por un conflicto con las tarifas, aunque finalmente hubo acuerdo con ese país en el 2008 y el contencioso se suspendió.

Además, Unión Fenosa Gas, participada al 50 % por Gas Natural y en ese mismo porcentaje por la italiana ENI, demandó al Estado egipcio en el 2014 por la parálisis de la planta de Damietta, un conflicto que todavía sigue su curso.

Buscando otro operador

Aunque el Gobierno colombiano se ha dado un año para liquidar Electricaribe y en paralelo comenzará a buscar un operador que asuma el servicio en el Caribe colombiano, Gas Natural se prepara para un conflicto cuya resolución asume que puede alargarse.

No obstante, fuentes de Gas Natural consultadas por Efe aclaran que la vía del arbitraje internacional no impide que se pueda llegar a un acuerdo con Colombia.

Sin embargo, el anuncio de liquidación de Electricaribe ha provocado un intercambio de críticas entre ambas partes.El ministro de Economía e Industria, Luis de Guindos, aconsejó el viernes al Gobierno de Colombia que vele por la «seguridad jurídica y la credibilidad» como país. Por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, defendió la decisión.

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