Los juzgados gallegos aún no tienen un plan de refuerzo para las cláusulas suelo

G. lemos / R. Santamarta REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

PACO RODRÍGUEZ

El TSXG prefiere repartir los casos mientras no se constate la sobrecarga y, si se produce, replicar el modelo aplicado con las preferentes

23 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Han pasado más de tres meses desde que, a comienzos de febrero, el Consejo General del Poder Judicial comenzara los trámites para diseñar un plan de refuerzo con el que hacer frente al previsible aluvión de demandas de los afectados por las cláusulas suelo. En el calendario se había fijado la fecha límite del 1 de junio para tener en marcha el dispositivo de contingencia, coincidiendo con el fin del plazo que el Gobierno concedió a la banca para responder a las primeras reclamaciones presentadas por la vía extrajudicial. Pero, a solo nueve días vista, no hay nada cerrado.

En el caso de Galicia, el Consejo General del Poder Judicial había propuesto especializar cuatro juzgados de primera instancia para resolver estos pleitos, uno por provincia. Serían el número 7 de A Coruña, el 2 de Lugo, el 4 de Ourense y el 14 de Vigo (donde se centralizarían todas las demandas de Pontevedra). Pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no está de acuerdo con el plan diseñado desde Madrid. En un acuerdo adoptado por la sala de gobierno el pasado día 10, el TSXG argumenta que en la elección de esos juzgados (que centralizarían los casos de cláusulas suelo, pero seguirían atendiendo otros asuntos) no se ha tenido en cuenta su volumen de actividad ni el impacto en los casos que ya tramitan, ni se garantizan los medios personales y materiales de refuerzo necesarios. Y recuerdan que no hay de momento datos que prueben que se vaya a producir una avalancha. Al contrario, de momento solo se aprecia un goteo. En Vigo, por ejemplo, apenas entran dos o tres demandas al día, alrededor del 5 % de todas las que se interponen en los juzgados de la ciudad, mientras que en Ourense se han presentado 128 en todo el año (menos de una diaria). Por eso, prefieren esperar y, de momento, repartir los casos que entren entre los distintos juzgados.

Si luego se detecta esa sobrecarga y es necesario un refuerzo, desde el TSXG ven «más propicio» el modelo adoptado en su día en Galicia para resolver las reclamaciones por las preferentes, con juzgados especiales que solo traten estos pleitos.

Pero la opinión de los jueces gallegos no es vinculante, por lo que la decisión final la adoptará el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, es más que complicado que el dispositivo (con refuerzos de personal que dependen del propio CGPJ, del Ministerio de Justicia y de los Gobiernos autonómicos) pueda estar operativo el jueves de la semana que viene, y en Madrid ya reconocen que la del 1 de junio es una «fecha orientativa».

Los que sí están preocupados son los trabajadores de los juzgados. Desde la delegación gallega del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia dan por hecho que habrá colapso y argumentan que este solo beneficiará a la banca, al disuadir a los afectados de recurrir a los tribunales y de esta forma presionarlos para asumir un acuerdo extrajudicial.

Información con aportaciones de las delegaciones de La Voz.

Devoluciones extrajudiciales por debajo de lo esperado

La banca está rechazando un buen número de solicitudes presentadas por los clientes gallegos en las oficinas, según confirman organizaciones de consumidores. Se desconoce el porcentaje de negativas sobre el total de instancias porque los bancos no están ofreciendo esos datos. Algunos clientes que han recibido una respuesta positiva explican que la devolución se queda por debajo de las expectativas o de los cálculos previos realizados, pero se termina pactando para evitar ir a juicio, por la lentitud de los procesos.

La fórmula para rechazar la petición es variada. Se alega alguna de estas cuatro situaciones, principalmente: que no se trata de un préstamo en concreto; que ya no está vigente; que estaba destinado al consumo y no a la compra de una vivienda (cuando hay clientes que lo había utilizado para esa finalidad); o que no contaba con garantía de hipoteca inmobiliaria detrás.

También están llegando negativas amparándose el banco en que la cláusula se retiró en el 2013 -cuando se sentenció a BBVA, Novagalicia y Cajamar- y que su caso ya está juzgado; es decir, que no se podría reclamar más atrás pese a que la sentencia de la UE dice precisamente eso, que la cláusula debería eliminarse desde su firma.