Abogados gallegos reciben en tres días decenas de peticiones de demandas contra el Popular
ECONOMÍA
Los accionistas irán contra la última ampliación de capital, a la que se opuso José María Arias
13 jun 2017 . Actualizado a las 14:00 h.Despachos de abogados gallegos han recibido en apenas tres días, desde el pasado jueves, decenas de peticiones de pequeños accionistas del Banco Popular reclamando que se interpongan demandas por la vía civil para recuperar su dinero. Estos clientes perdieron toda su inversión la mañana del pasado miércoles una vez que el MUR, el Mecanismo Único de Resolución, vinculado al BCE, decidió intervenir el banco, reducir a cero todo el capital para compensar las pérdidas, y posteriormente, en una subasta exprés, en solo unas horas, entregárselo al Santander por un solo euro.
«Tenemos ya varias demandas individuales que estamos estudiando», apuntan desde CCS Abogados. En la misma línea, Caruncho, Tomé y Judel o Laterna, despachos gallegos especializados en operaciones contra entidades financieras. En Galicia se está formando, a la vez, una asociación de pequeños accionistas del Banco Popular que trata de agrupar al mayor número de afectados. En unos días cristalizarán las primeras demandas en los juzgados de primera instancia.
La vía por la que los accionistas quieren recuperar su dinero está en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que el equipo de Ángel Ron puso en el mercado hace justo un año. Entonces la entidad tenía unos 60.000 pequeños inversores en Galicia. Las acciones se colocaron desde la red del banco con unas cuentas que el sucesor de Ron, Emilio Saracho, decidió reformular parcialmente. Esto da munición a los reclamantes, porque pueden alegar que los números de aquella ampliación estaban mal formulados. Guarda similitudes con salida a bolsa de Bankia.
Esa controvertida ampliación de capital la aprobó el consejo del Popular hace algo más de un año. Pero no salió adelante por unanimidad. Contó con al menos un voto contrario en el consejo, algo que no se desveló en su momento: el de uno de sus vicepresidentes, José María Arias Mosquera. El directivo gallego, presidente del Pastor, se opuso a aquella operación al entender que no solucionaba los problemas que tenía el banco y que no generaría valor para el accionista, recuerdan todas las fuentes consultadas. Eso, la pérdida de valor, es lo que finalmente ha pasado.
Paralelamente al goteo de consultas de los pequeños accionistas afectados, que valoran aún el mejor modo de reclamar judicialmente lo que han perdido, también están llegando las primeras querellas. En la mañana de ayer fue la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la que presentó ante la Audiencia Nacional una denuncia contra la antigua cúpula del banco, con Ron a la cabeza, por «presunta falsedad contable y estafa a los inversores» al distorsionar la información financiera contenida en el folleto de la ampliación de capital de hace un año.
Aunque la organización se ha decantado por la vía penal, no descarta presentar la querella también por las vías civil y administrativa, en una estrategia similar a la anunciada el viernes por el despacho Cremades & Calvo Sotelo, que presentó también ante la Audiencia Nacional otra querella, en representación de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que agrupa a inversores perjudicados.
El mismo viernes Durán y Durán Abogados también presentó una denuncia en la que centra sus sospechas en la vinculación de Saracho con el Banco Santander y con JP Morgan. La víspera, es decir, al día siguiente de la venta exprés del Popular, Fonfría Abogados dio curso a la primera querella contra la cúpula del banco y el auditor, PWC, por delitos societarios, en contra del mercado y los consumidores.
En lo que respecta a la de la OCU, el letrado de la firma focalizó las responsabilidades penales en Ángel Ron y la cúpula del banco cuando se gestó la ampliación, incluyendo al ex consejero delegado Pedro Larena y al exvicepresidente Roberto Higuera, además de a Pedro Barrio, auditor de PWC, que avaló sin salvedades las cuentas que sostuvieron la operación y que luego Saracho reexpresó porque contenían errores por 600 millones.