La Xunta dice no a Ferroatlántica

Patricia Blanco
Patricia Blanco CARBALLO / LA VOZ

ECONOMÍA

Paco Rodríguez

Veta la autorización para vender cinco centrales hidráulicas en la Costa da Morte, una decisión aplaudida por alcaldes y comité de empresa, y que la compañía recurrirá

27 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Nuevo escenario en la Costa da Morte. La Xunta ha denegado a Ferroatlántica la autorización para vender las cinco centrales hidráulicas que tiene en los ríos Xallas y Grande. O, lo que es lo mismo, ha rechazado la petición de la empresa para que se elimine la prohibición de segregación de las actividades de ferroaleaciones y producción hidroeléctrica. «Tras avaliar polo miúdo a documentación, ditaminouse que a solicitude non cumpría cos requisitos necesarios que fixa a lexislación para eliminar a condición esencial prevista na concesión, que consiste fundamentalmente en garantir o mantemento da actividade industrial», sentenció el Gobierno autónomo.

Previamente, en aras de la «máxima transparencia» y del «diálogo permanente», Alberto Núñez Feijoo y el conselleiro de Industria, Francisco Conde, habían dado a conocer la decisión a alcaldes y comité de empresa. Según la Xunta, su decisión cumple con los compromisos adquiridos: «Estar ao lado da lei, respectando o principio de legalidade; e salvagardar o interese público da concesión, que está determinado pola continuidade da actividade industrial na Costa da Morte». Reseña el Ejecutivo gallego que la resolución se adoptó en base a criterios jurídicos y a la argumentación de la empresa y de los representantes sindicales.

Los representantes sindicales consideran que la noticia «vén a dar a razón aos argumentos defendidos polos traballadores e traballadoras que, dende hai dez meses, están desenvolvendo unha loita histórica». «A negativa de Augas confirma que as pretensións do grupo Villar Mir son ilegais», señalan. «Non é posible, e así o defendemos dende o primeiro momento, desvincular a produción enerxética da produción de ferroaliaxes, pois esta unidade é a única garantía do interese público: do mantemento dos empregos, da industrialización da comarca e da actividade nas factorías de Cee e Dumbría».

El comité espera que esta resolución de la Xunta «aclare definitivamente que non existe marco legal para que a empresa poida levar a cabo a segregación».

Pero Ferroatlántica no se da por vencida. Ayer ya dijo que recurrirá la decisión de la Xunta, primero ante la propia Administración y, en su caso, ante los tribunales u otras instancias donde pueda hacer valer sus derechos.

Tratará así de revocar la cláusula que impide la segregación de activos, porque entiende que además de constituir «una disposición ilegal» y de no atenerse a la realidad industrial de la compañía, constituye «un ejemplo de discriminación en el libre ejercicio de la actividad económica». Para Ferroatlántica, la desestimación de la Xunta es «flagrantemente contraria a derecho» y viene a impedir el plan de futuro con el que pretendía invertir en Galicia 100 millones, frenando la creación de 500 empleos. «La negativa aborta la implantación en Galicia de un proyecto de gran futuro, la fabricación de silicio solar, que ahora deberá buscar nueva localización [...]. Carece de sentido mantener en Sabón las actividades de silicio ferrosolar, que serán paralizadas de acuerdo con el procedimiento laboral aplicable. Además de las mejoras frustradas, el rechazo de la Xunta deriva asimismo en la precarización de los 533 empleos actuales en las centrales hidroeléctricas y en las fábricas de Cee, Dumbría y Sabón, dado que las plantillas no tendrán ninguna garantía de estabilidad, frente a la que Ferroatlántica ofrecía en el plan de futuro. La compañía también tendrá que adoptar medidas reorganizativas en sus instalaciones y revisar sus actuaciones de mecenazgo», advirtió.

La compañía afirma que la resolución impide el plan de futuro, con el que crearía 500 empleos

Regidores y representantes sindicales califican la noticia de «satisfactoria»

El primero en recibir la llamada de Feijoo fue ayer el alcalde de Dumbría, José Manuel Pequeño. Él cree que, como en 1992, ha quedado demostrado que las actividades no se pueden separar y que esa cláusula de la concesión hay que respetarla, como siempre han defendido. Ha de ser el punto de partida. Habla de la unidad de trabajadores, alcaldes y sociedad en todo este tiempo y menciona que fueron meses «de presión e desconfianza»: «Agora hai que restablecer a confianza e o diálogo». Y dice que si la pretensión de la empresa es invertir en la comarca e impulsar un plan industrial, nadie se negará a dialogar. Ramón Vigo, alcalde de Cee, también recibió la noticia de manos de Feijoo. Incide el regidor en que el presidente cumplió con la promesa de que serían los primeros en enterarse, y califica la decisión de «satisfactoria» para la Costa da Morte. Entiende que habrá más movimientos por parte de la empresa, pero de momento da por concluida esta etapa y, como Pequeño, considera que el arranque del planteamiento por parte de la empresa fue erróneo.

Santiago Paz, presidente del comité Cee-Dumbría, también habló de medida «satisfactoria para todos». El comité, no obstante, lamenta la demora de la Xunta en responder y los meses de preocupación. Y el PSOE, por su parte, atribuye la resolución a la unión y la movilización.