Gayoso y otros exdirectivos declaran desde hoy por créditos fallidos a una inmobiliaria
11 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El viacrucis judicial para la antigua cúpula de Caixanova no ha finalizado con su entrada en prisión. Con más de un tercio cumplido de la condena (dos años de prisión) por las jubilaciones millonarias otorgadas antes de la quiebra de Novacaixagalicia, y acogidos a distintos grados de semilibertad, los exdirectivos de la caja vuelven hoy, y hasta el miércoles, a desfilar por la Audiencia Nacional por cuestionadas operaciones que provocaron un quebranto económico a la entidad.
Es la tercera vez que la Audiencia Nacional cita a declarar en calidad de investigados (figura judicial del antiguo imputado) al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y a su mano derecha, el ex director general José Luis Pego. Junto a ellos, el auto judicial también incluye a Gregorio Gorriarán, el antiguo responsable del grupo inmobiliario de la entidad, según las fuentes consultadas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, interrogará a los exgestores por créditos por valor de más de 80 millones de euros concedidos a la inmobiliaria viguesa Promalar para la compra de la conservera Bernardo Alfageme. La promotora acabó quebrando: su plan para reflotar el grupo alimentario nunca llegó a ejecutarse y el crédito se convirtió en uno de esos activos tóxicos que contribuyeron a agrandar el agujero de más de 9.000 millones de rescate que precisó la fusión de las cajas.
No es algo excepcional: la Fiscalía Anticorrupción tiene otras investigaciones en marcha, también de la época de José Luis Méndez en Caixa Galicia, todas a instancias del FROB, el fondo de rescate que tuteló la entidad hasta su venta, hace cuatro años.
En semilibertad
Fernández Gayoso disfruta desde agosto del tercer grado penitenciario, tras seis meses en prisión por ser colaborador necesario para que cuatro exdirectivos de la entidad recibieran 22 millones de euros para salir de la antigua caja gallega cuando esta estaba a punto de ser rescatada. Mientras disfruta del régimen de semilibertad, Gayoso realiza servicios a la comunidad en Érguete.
José Luis Pego y Gregorio Gorriarán dispondrán de días de permisos -Pego, realizando servicios a la comunidad en el Banco de Alimentos- mientras esperan el segundo grado flexible.
A la espera de lo que declaren esta semana en la Audiencia Nacional, el juez de Vigilancia Penitenciaria ya advirtió en el auto de reconocimiento del tercer grado para Gayoso que, para las causas todavía pendientes de juicio, «debe aplicarse el principio de presunción de inocencia», ya que aún no están juzgadas.
Junto a Gayoso, Pego y Gorriarán, están llamados a declarar en la Audiencia Nacional por los créditos a Promalar el subdirector, Domingo González Mera, y el exdirector de la oficina principal de Vigo, José Benito Parente, además de algunos técnicos.
Más causas pendientes
Además de este procedimiento, la antigua cúpula de Caixanova tiene todavía otra causa pendiente, según recoge en el auto dictado por el juez de Vigilancia Penitenciaria. La instrucción, abierta en el 2015 por la magistrada Carmen Lamela, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia, investiga a los gestores de la entidad, de nuevo con Gayoso al frente, por la concesión en el 2007 de un crédito inmobiliario de 67 millones para comprar terrenos en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, que acabó con la dación en pago de las fincas en el 2010. Por este caso ya declararon en la Audiencia hace dos años.
Con la excepción de Bankia, no hay otra entidad con tantos procesos investigados en la Audiencia Nacional. Gayoso, Pego, Gorriarán y Óscar Nelson Rodríguez Estrada (al margen de este último proceso) fueron los primeros banqueros en entrar en la cárcel tras este último proceso de reestructuración.
Un caso gestado en el bum del ladrillo que acabó con la histórica Alfageme
El caso que desde hoy lleva a la Audiencia Nacional a la antigua cúpula de Caixanova tiene sus orígenes en pleno bum inmobiliario. La conservera viguesa Bernardo Alfageme fue adquirida, junto con Conservas Peña, por la promotora inmobiliaria viguesa Promalar en el año 2006, cuando ambas sumaban 325 empleados y facturaban 90 millones, aunque tenían pérdidas.
El propietario de Promalar, Juan Lago, pretendía formar un grupo de referencia en Galicia, superando la tradicional atomización del sector, e incluso ampliar la producción y hacer nuevas contrataciones. La gestión la dejó en manos de su hijo Gustavo Lago. El proyecto industrial de Alfageme, que preveía el cierre de dos de sus cuatro fábricas, se basó siempre en la recalificación de los terrenos que ocupa en Vigo.
Entonces, Alfageme era una de las cinco conserveras más importantes de España, pero tan solo cinco años después de esta operación presentó concurso de acreedores voluntario ante el juzgado de lo mercantil de Vigo con unas deudas que superan los 200 millones de euros, lo que lo convirtió en el mayor proceso concursal de Galicia en aquellos momentos.
Novacaixagalicia es la entidad que se llevó la peor parte, con préstamos por valor de más de 100 millones, seguida del Banco Popular, con unos 50 millones.
En el 2011, la inmobiliaria quebró y sus bienes entraron en un largo proceso de liquidación. En el 2012, los administradores de Promalar fueron inhabilitados durante un período de cinco años, y condenados a devolver los 11,8 millones a los acreedores de la conservera. Por el camino se quedaron también 190 puestos de trabajo.