La Autoridad Fiscal ve imposible cuadrar el déficit por el coste de las ayudas contra la inflación

E. Martínez COLPISA

ECONOMÍA

La Bolsa de Madrid, ayer
La Bolsa de Madrid, ayer Mariscal | Efe

Estima en 14.000 millones de euros el impacto de las medidas de alivio

05 abr 2023 . Actualizado a las 19:33 h.

El plan anticrisis del Gobierno que entró en vigor el pasado 1 de enero y que incluyó la reducción del IVA a determinados alimentos, la bonificación en los carburantes para transportistas o la rebaja de los impuestos de la energía, supondrá un aumento del déficit público en un punto del producto interior bruto (PIB). Así lo calcula la Autoridad Fiscal (AIReF), que prevé que el déficit cerrará este año en el 4,2 %, nueve décimas más de lo estimado hace tres meses.

El coste total de las medidas que se aplicarán este año para paliar la crisis de precios es de más de 14.000 millones de euros. Este coste se divide entre los 6.080 millones de euros que se dejarán de recaudar por la rebaja del IVA de la luz, el gas y determinados alimentos, y los 7.900 millones de gasto adicional por las bonificaciones al carburante, las subvenciones sectoriales o las ayudas directas a particulares.

Esta tasa prevista de déficit supone incumplir el objetivo que el Gobierno ha fijado (y consensuado con la UE) para este año, del 3,9 %, tres décimas por debajo de lo calculado por la Autoridad Fiscal, y también se aleja del tope de déficit que admite Bruselas (3 %) ahora que se reactivan las normas fiscales europeas.

El estudio revela que, sin estas medidas de apoyo a las familias y a los colectivos más castigados por la subida de precios, el ajuste de las cuentas públicas podría haber sido mucho mayor, ya que simplemente el crecimiento económico resta ocho décimas al déficit de este año y los nuevos impuestos dos décimas más, pero la subida de las pensiones con el IPC y las medidas para hacer frente a la crisis neutralizan esas mejoras.

En concreto, los cálculos de la AIReF indican que la reducción del IVA de la luz y gas (así como del impuesto especial sobre la electricidad) tiene un coste para el Estado de 5.300 millones de euros en pérdida de recaudación este año. Y la rebaja del IVA de ciertos alimentos básicos tiene un coste de 782 millones, 643 millones por la reducción del 4 al 0 % en los de primera necesidad y de 139 millones por la bajada del 10 al 5 % en aceites y pastas.

En cuanto a los gastos, las bonificaciones al carburante han tenido un coste de 1.347 millones, las ayudas sectoriales de 2.688 millones, las directas suponen 1.200 millones y el resto de subvenciones a particulares cuestan 2.400 millones.

La mayor parte del déficit se generará en la Administración Central, en concreto un 3,5 %, medio punto más que en la previsión anterior, debido al impacto de este plan de ayudas que costea el Estado. Las comunidades aumentan su desequilibrio fiscal en dos décimas, hasta el 0,3 %, ya que la AIReF prevé que ingresarán menos de lo previsto.

Por todo lo anterior, pese a las mejores expectativas económicas a nivel nacional e internacional, la Autoridad Fiscal mantiene su previsión de crecimiento para este año en el 1,6 %. La incertidumbre más acusada es cómo impactará la subida de los tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones de financiación en la segunda parte del año. «La actividad se está comportando con mayor fuerza de lo esperado», reconoció Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico de la AIReF, que lo atribuyó al buen comportamiento del empleo y a la moderación de los precios energéticos.

En cuanto a la deuda pública, el organismo proyecta una disminución de la ratio sobre PIB de 2,6 puntos, hasta situar el endeudamiento en el 110,6 % a final del año, casi dos puntos menos de lo previsto por el Gobierno.