Arrecia la crisis de vivienda por la alta tributación, la falta de incentivos y el capital extranjero
ECONOMÍA
Diez de cada 100 euros de un inmueble nuevo se va en impuestos
21 dic 2023 . Actualizado a las 18:13 h.Desde la entrada en vigor de nueva ley de vivienda (mayo del 2023), la oferta de inmuebles en alquiler ha descendido un 30%, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI). Además, las compraventas también han caído en el conjunto de España —un 11% en octubre respecto a hace un año—. En Galicia, no obstante, repuntan. Eso sí, se firmaron en ese mes un 22% menos de hipotecas, debido al incremento de los tipos de interés al 3,32%, de media. Todo indica, pues, que quien compra vivienda lo hace a tocateja, un hábito reservado para los hogares con altas rentas y grandes ahorros o fondos de inversión.
Los datos ponen de manifiesto lo evidente: el país atraviesa una crisis de accesibilidad a la vivienda. Pero, ¿cuáles son los factores que están influyendo más?
Según el Colegio General de Economistas (CGE), hay varios problemas destacados. El primero de ellos es que los precios son muy elevados y no dejan de subir —agravados por el alza de los tipos de interés y la escasa oferta—. De hecho, en un informe reciente de la Comisión Europea se estima que la vivienda en España está sobrevalorada en un 15%. El problema extra a esta situación es que hay muchos inversores extranjeros aprovechando que los españoles han agotado los ahorros de la pandemia para ganar cuota de mercado. «Los no residentes vienen con una capacidad económica más fuerte. Les resulta incluso más barato que en sus países, su esfuerzo es muchísimo menor. Realizan las compras sin necesidad de hipoteca así que la subida de tipos no les afecta», explican desde el CGE. Además, se han flexibilizado los requerimientos a extranjeros a través de la ley Beckham y la ley de startups. «Puede provocar más presión sobre los precios del alquiler», valoran. Bruselas ha pedido vigilar la entrada de capital extranjero para evitar burbujas.
Los economistas apuntan también con el dedo a la nueva ley de vivienda. Según sus expertos, ha generado inseguridad jurídica y le faltan incentivos. Un ejemplo: las deducciones de entre el 70 y el 90% de las rentas por alquiler se han acotado mucho y solo podrán aplicarlas en el IRPF los propietarios de pisos ubicados en comunidades autónomas que decidan declarar «zonas tensionadas» en su territorio. De no hacerlo, como ha anunciado Madrid, no podrán aprovechar esa deducción y se les aplicará la general: el 50% —60% antes de la ley—. Si bien es cierto que, en principio, tampoco se verían afectados por los topes de precio. Por estas razones y ante la falta de coordinación de las Administraciones para regular el mercado de la vivienda vacacional, muchos han optado por destinar inmuebles a esta actividad o, directamente invertir en activos un poco menos rentables, pero más seguros, como las letras del Tesoro.
El CGE también llamó este jueves la atención sobre los «elevados costes fiscales» asociados a la promoción y tenencia de viviendas. De hecho, diez de cada 100 euros que se pagan por un inmueble se destinan al pago de impuestos. «El propietario de una segunda residencia estándar puede, fácilmente, soportar un coste fiscal anual de más de 1.300 euros», aseguran.