Realizó más de 607.000 actuaciones en 2023, 70.000 más que un año atrás, por las que se beneficiaron más de un millón de empleados
02 mar 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Más de 272.000 trabajadores consiguieron el año pasado regularizar su situación de fraude gracias a la acción de la Inspección de Trabajo. Concretamente, más de cien mil personas que trabajaban en la economía informal, es decir, sin cotizar, fueron dadas de alta en la Seguridad Social tras la intervención de la Inspección. Además, otras 32.000 dejaron de estar erróneamente encuadradas como falsos autónomos y pasaron a ser asalariados, con lo que aumentaron sus derechos; y más de 140.000 cuentan ahora con un contrato indefinido o fijo ordinario en lugar de uno temporal o fijo discontinuo.
A esto hay que sumar otros 5.000 trabajadores que han visto cómo sus contribuciones a la Seguridad Social se incrementaban entre un 30 y un 50 %, lo que tendrá también un fuerte impacto en sus pensiones y otras prestaciones públicas, gracias a las propuestas de recargo realizadas por los inspectores. Estos son algunos de los datos que hizo públicos ayer el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante su participación en el acto conmemorativo del 118 aniversario de la creación de la Inspección de Trabajo.
Este organismo público elevó a lo largo del 2023 la presión sobre las empresas y realizó más de 607.000 actuaciones, 70.000 más que un año atrás, que beneficiaron a más de un millón de personas, casi 50.000 trabajadores más que en el 2022. Este incremento, sin embargo, no se registró en la regularización de falsos contratos temporales, ya que en 2023 la cantidad de conversiones a indefinidos fue muy inferior a la del 2022, cuando se llegaron a mejorar 227.000, algo que el Ministerio de Trabajo justifica en que cada vez hay menos contratos temporales tras la entrada en vigor de la reforma laboral.
Mejorar la situación
Lo que no detalló el departamento liderado por Yolanda Díaz es cómo mejoraron su situación los otros más de 750.000 trabajadores, más allá de esos 277.000 que regularizaron sus contratos: unos pueden haberse beneficiado de un aumento salarial, a otros se les pueden haber reconocido las horas extra, a otros se les ha mejorado el registro horario y a otros incluirles en un protocolo contra el acoso.