La reforma administrativa o la reforma de la Administración pública son como un Guadiana. Con motivo de la crisis económica y de pronunciamientos sobre reforma de la Constitución han vuelto a adquirir protagonismo. Ante cualquier reforma es preciso tener claro lo que se quiere. En la respuesta se mezclan lo ideológico, referido a la concepción del Estado y de sus instituciones, y lo eficiente. Una primera dificultad. Las reformas estructurales no se abordan porque son de largo alcance y requieren un acuerdo interpartidario reflejo de un acuerdo social, o se plantean de un modo parcial y unilateral que tiene el constatable riesgo de alejar de una solución duradera. Por eso están pendientes.
Se ha centrado la atención en el exceso del peso del gasto público que supone la estructura del Estado autonómico. Sobran organismos en todos los niveles y se duplican las funciones. El foco se ha dirigido con intensidad sobre la reforma del régimen local; municipios y diputaciones para entendernos. Es evidente la necesidad de un replanteamiento. La orientación debe dirigirse al fortalecimiento de los municipios, por ser elementos estructurales del Estado que rebasan su mera caracterización de Administración pública, como prueba el modo de la elección, análogo al del parlamentario. Son un pilar de la democracia. La realidad es que de los más de ocho mil municipios existentes, el 72 % tiene menos de dos mil habitantes. No es posible que cada uno de ellos pueda prestar los servicios públicos requeridos. De un modo más profundo no están en condiciones de ejercer una responsable autonomía que reconoce la Constitución.
La solución pasa por una remodelación del mapa municipal que sea resultado de un amplio consenso político y social. Las fusiones voluntarias no lo son. Habrá que conjugar optimización de los servicios con sentimientos e historia. Existen fórmulas y experiencias. Una dirección pragmática, en mi opinión equivocada, es transferir competencias de municipios a las diputaciones. El nuevo escalón de las comunidades autónomas hace difícil defender ahora la provincialización del régimen local. La reforma habría de hacerse a costa de las diputaciones. La generalización espuria de parlamentos las ha eliminado en las comunidades uniprovinciales. La comunidad autónoma en todo caso y la nueva planta municipal, una vez aprobada, podrían entonces sustituir a las que subsisten, utilizando o no la alternativa de «otras corporaciones representativas».