Alerta de que la proliferación de nacionalismos debilita el proyecto común
24 oct 2014 . Actualizado a las 08:22 h.Mariano Rajoy advirtió ayer a Artur Mas que el empleo de «astucias, atajos y añagazas» no le van a servir para celebrar un referendo encubierto el 9 de noviembre. El presidente del Gobierno no explicó si piensa emprender alguna acción legal para evitar la votación sobre la independencia de Cataluña, pero su ministro de Justicia fue más allá y dejó entrever que actuarán en los tribunales porque los últimos movimientos del Gobierno de Mas tienen aroma a «fraude de ley» y pueden ser impugnados.
El presidente del Gobierno, como es norma en él cuando algún asunto o personaje le incomoda, no citó ni una sola vez a Artur Mas ni al proceso soberanista de Cataluña durante su discurso de apertura del curso académico en el Colegio de Europa en la ciudad belga de Brujas. Pero se le entendió todo. Rajoy sostuvo que dentro de la legalidad europea, pero también en la española, «no caben astucias ni atajos ni añagazas» para alcanzar objetivos situados al margen de la ley.
El presidente del Gobierno está convencido de que eso es justamente lo que hace Mas con la consulta informal del 9 de noviembre una vez que el Constitucional suspendió el referendo independentista convocado para ese mismo día. El Gobierno, sin embargo, aún no ha decidido si va a tomar alguna medida legal para impedir que el sucedáneo de consulta tenga lugar.
Mas anunció hace un par de meses que iba a obrar con «astucia e inteligencia» para evitar que «el adversario real» de los catalanes, que en su opinión no es otro que «el Estado español», frustre sus planes. Por ese motivo, el remedo de referendo del 9-N se prepara sin base legal, sin convocatoria oficial, sin censo y sin campaña institucional. El Gobierno de Mas evita así ofrecer materia recurrible ante los tribunales, aunque fuentes del frente soberanista apuntan a que el presidente catalán convocará la votación unas horas antes del 9 de noviembre a fin de dejar sin margen de maniobra al jefe del Ejecutivo central para impugnar.
Fraude de ley
Rajoy aseguró que este tipo de argucias no impedirán que el Gobierno haga cumplir la ley, aunque no dijo cómo. Alguna luz dio el titular de Justicia, Rafael Catalá, quien comentó que los pasos que ha dado y puede dar Mas «podrían tener tintes de fraude de ley». La Abogacía del Estado, por si acaso, estudia «con todo detalle» los movimientos de la Generalitat y si encuentra indicios de ilegalidad recurrirá ante el Constitucional o por la vía contencioso-administrativa. «Vamos a estar muy vigilantes -subrayó el ministro- para que el resultado final no sea algo equivalente a lo que el Tribunal Constitucional ha suspendido». En la misma línea, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, aseguró que el Gobierno central intervendrá porque «cada día hay más motivos» para impugnar «el falso 9-N».
Los plazos, sin embargo, juegan en contra del Gobierno de Rajoy ya que hasta ahora no hay nada que impugnar, y solo lo habría en caso de que Mas firme la convocatoria. Pero si lo hace la víspera del 9-N, el presidente catalán podría sortear el previsible recurso y la votación se celebraría.
El jefe del Ejecutivo aprovechó además su discurso en Brujas para incidir en «el riesgo» de la proliferación de los «nacionalismos secesionistas y excluyentes», como el catalán, al que no citó. Ante una propagación de este fenómeno, dijo, la Unión Europea podría «verse diluida y debilitada». «No podemos permitir bajo ningún concepto que algo así suceda», afirmó con la mente puesta en los apoyos europeos que busca el Gobierno de Mas, y los que buscará si el Parlamento catalán aprueba una declaración unilateral de independencia tras el casi inevitable adelanto electoral.