Ruiz-Gallardón entró en el ministerio como un elefante en una cacharrería. Hoy, casi tres años después, él ya no está, su amigo Torres-Dulce tampoco, y la Justicia ha quedado hecha unos zorros. El exministro intentó cambiarla de arriba abajo, a su antojo y sin dialogar con nadie. En su afán de control, lo único que consiguió fue enemistarse con todos. Fuera por iniciativa propia o por indicación del presidente, la suya fue una política de intromisión. Y de muestra, dos botones. Uno sin precedentes, otro con escasos antecedentes. Uno, la queja de los magistrados del Supremo contra el ministro del Interior. El otro, la marcha de Torres-Dulce, harto de presiones del Gobierno.
Diga lo que diga Rajoy. Porque, ¿de verdad piensa el presidente que alguien le va a creer cuando afirma que la dimisión obedece a razones personales? La ingenuidad tiene un límite, y ya ha sido sobrepasado, hace tiempo y con creces. No es que Torres-Dulce sea un rebelde ni que haya estado enfrentado al Gobierno. Pero sí ha sido tozudo en su intento de filtrar aquellas presiones políticas que no tenían un fundamento jurídico adecuado. Ocurrió en el caso Gürtel y ha sido especialmente evidente en el caso del 9-N. La improcedente locuacidad de Alicia Sánchez-Camacho al anticipar la querella puso al fiscal general a los pies de los caballos. Ha tenido la delicadeza de esperar a presentar su dimisión para evitar el portazo, pero nada más. Ciertamente, también hay discrepancias técnicas, como la incumplida promesa de traspasar la investigación judicial a la fiscalía. Pero el motivo real es político. Entramos en año electoral. El dimisionario lo sabe, como sabía que no se le iba a pasar ya nada que pudiera perjudicar al PP. Y ya sin amigos en el ministerio. Él no lo dijo, pero sí los magistrados del Supremo al denunciar injerencias del Gobierno. La contienda va a ser dura y Rajoy quiere las filas prietas, arietes decididos para la guerra, no que se arruguen o parapeten tras tecnicismos.