La cesión a los registradores quebró el pacto inicial, que buscaba aliviar el trabajo de los juzgados
25 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Formalizar un matrimonio civil, tramitar un expediente de nacionalidad, solicitar una partida de nacimiento o un certificado de defunción, crear una comunidad de vecinos y otro serie de trámites que el ex-ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón pretendía encomendar a los registradores de la propiedad y mercantiles, hasta ayer tenía fecha en el calendario: el 15 de julio de este año.
Pero no. Gallardón ya no está y esta reforma judicial, como otros proyectos estrella de su departamento, acaba de ser aparcado. Rafael Catalá, aprovechó los micrófonos que le aguardaban a la salida de un acto del Tribunal Supremo para anunciar que esa reforma que a casi nadie gustaba, ni siquiera a una parte de los potenciales beneficiarios, también se aplaza y/o abandona, a la espera de tiempos mejores.
La idea del cambio de la gestión del Registro Civil, un servicio público gestionado por funcionarios de Justicia especializados, unos 3.500 -de ellos un 20 % interinos- repartidos en los 431 registros civiles principales, en el central y en distintos municipios, no es nueva. La ley que regula su funcionamiento -siempre gratuito- permanecía inalterada desde 1957, hasta que, en el 2011, una reforma impulsada por el ministro socialista Francisco Caamaño modificó su gestión para dar entrada en ella a las administraciones autonómicas.
Consenso inicial
Aquella norma, aprobada por todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, nació con una vacatio legis de cuatro años, que fue aprovechada por el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy para desvirtuarla y favorecer la privatización del servicio.
¿Por qué? Las explicaciones del Gobierno han sido las habituales: aliviar la carga de trabajo de los juzgados, reducir el gasto público, pero también se asoman otras no tan necesarias. Para la gran mayoría de los trabajadores de este servicio se trata de una privatización encubierta, por eso salen a la calle a protestar cada vez que se reactiva un proyecto rodeado de un halo de oscurantismo que ha alimentado las peores sospechas.
El exministro Alberto Ruiz-Gallardón presentó en el 2012 un anteproyecto de reforma integral de los registros que facilitaba su externalización, según el eufemismo entonces de moda. En julio del 2014, en plena vorágine por la abdicación del rey Juan Carlos y el inicio del período estival de vacaciones, el Gobierno aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que incluyó asuntos tan dispares como la reforma de la legislación hipotecaria anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la celebración del 120 aniversario de la primera exposición de Picasso o la cesión de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles. El recurso al real decreto impidió recabar los informes previos pertinentes, obviar la elaboración de la correspondiente memoria justificativa de la reforma acometida. Ayer, Rafael Catalá recogió velas, a la espera de vientos mejores.