Andalucía, Cataluña y Madrid se llevan más de la mitad de los seis millones de ayuda del Gobierno para avanzar en la reforma judicial
23 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los juzgados y tribunales redoblaron su actividad el pasado año. Pese al leve incremento de los asuntos ingresados y la tasa de litigiosidad, lograron reducir un 4,5 % los casos pendientes de resolver al pasar de 2,68 a 2,56 millones, según la estadística anual publicada ayer por el Consejo General del Poder Judicial. La clave de este paulatino descenso desde el 2010, cuando se llegó al tope de 3,22 millones asuntos en espera, es que la cifra de casos ingresados en todas las jurisdicciones se ha mantenido más o menos estable en 8,6 millones en los dos últimos años. Una situación que ha permitido a los órganos judiciales planificar y sacar adelante el trabajo con mayor eficacia, más si cabe porque la crisis o las tasas también han contribuido a que el usuario acuda menos a la Administración de Justicia. En el 2009, por ejemplo, se ingresaron un número récord de 9,56 millones y un lustro después casi un millón de casos menos.
De los nuevos asuntos, siete de cada diez (un 71 %) correspondieron al orden penal (delitos y violencia de género), el 21,3 % al civil (primera instancia, familia o mercantil), el 4,9% al social (conflictos colectivos, despidos, Seguridad Social o derechos fundamentales) y el 2,4 % al contencioso-administrativo (extranjería, urbanismo, medio ambiente, administración laboral, función pública o expropiaciones).
El leve aumento del 0,2 % de los asuntos ingresados se tradujo, por otra parte, en que cada juez o magistrado recibió una media de 1.702 casos durante el 2014 frente a los 1.699 del 2013. Mientras que el número de sentencias dictadas por cada juez o magistrado se redujo de 309 a 306.
Comunidades más colapsadas
La tasa de litigiosidad -el número de asuntos ingresados por cada mil habitantes- aumentó el año pasado solo un 1 % respecto al 2013, al quedarse en 185. Como es tónica habitual, Andalucía (218), Madrid (203) y Baleares (198) son las comunidades con mayor tasa, mientras que las autonomía donde menos se pleitea son Extremadura (143), País Vasco (127) y La Rioja (117). Por órdenes jurisdiccionales, Andalucía también lideró la tasa de litigiosidad en penal y contencioso, y Asturias, de forma sorprendente por su menor población, lo hizo en civil y social.
El informe revela también que, en el 2014, la duración media de los procedimientos judiciales disminuyó en todas las instancias. Así, la duración media de los procedimientos en primera instancia pasó de 3,9 meses a 3,7 meses; mientras que en segunda instancia bajó de 5,2 a 4,6 meses. Y en el Tribunal Supremo se quedaron en once meses. Así, un asunto tipo que entra mañana en un juzgado y acaba en alto tribunal puede tardar menos de 20 meses.
No obstante, se dan situaciones particulares en determinadas materias. Así, los juzgados de lo mercantil tardan más de 39 meses en dictaminar frente a los 20 meses de 2009. Los conflictos laborales derivados de las crisis han hecho mella, sin duda, en el colapso de estos órganos en el último lustro.
Como notas curiosas, pese a las quejas de los ciudadanos por la lentitud de la Administración de Justicia y la excesiva burocracia, el pasado año disminuyeron las quejas y reclamaciones de los usuarios. Así, el número reclamaciones, denuncias, sugerencias o peticiones de información registradas fue de 12.837, lo que supone un 16,16 % menos que en el 2013, cuando se recibieron 14.435.
Seis millones para la reforma
Para contribuir a la agilización de los procesos judiciales, el Gobierno aprobó ayer la transferencia de 6.000 millones de euros a las comunidades autónomas que ejercen las competencias en materia de Justicia. El destino de esta ayuda autorizada por el Consejo de Ministros es la mejora en la prestación de la justicia gratuita, al impulso de las tecnologías de la información y la comunicación y al mantenimiento de la organización judicial en estas comunidades.
Algo más de la mitad de los seis millones de euros se los reparten tres comunidades: Andalucía (1,4 millones), Cataluña (1,1 millones) y la Comunidad de Madrid (algo más de un millón). Galicia solo recibirá 346.836 euros, que representa únicamente un 5,8 % de la cantidad a repartir entre las doce autonomías con competencias en Justicia. Este porcentaje equivale al peso demográfico de la comunidad gallega en relación con la población del conjunto de España.