El presidente catalán firma hoy la convocatoria de las elecciones del 27S
03 ago 2015 . Actualizado a las 22:10 h.Artur Mas firma hoy el decreto de convocatoria de las elecciones del 27 de septiembre, que ha planteado como un plebiscito sobre la independencia de Cataluña en abierto desafío al Estado. El presidente de la Generalitat lo hará, según él mismo ha anunciado, mediante un decreto «intachable desde el punto de vista jurídico», es decir como si fueran unos comicios autonómicos normales, sin hacer ninguna alusión al proceso soberanista, con el fin de evitar una impugnación del Estado.
Por su parte, el Gobierno examinará el texto con lupa y tiene preparados los mecanismos legales por si tuviera que aplicarlos. No será el caso porque la convocatoria será formalmente legal. Sin embargo, desde Moncloa no cesan de lanzar mensajes a Mas. «No habrá plebiscito como no hubo referendo», dijo el viernes Mariano Rajoy, que descartó totalmente la posibilidad de que Cataluña se independice. Quiso dejar claro que está dispuesto a tomar las medidas legales necesarias para impedirlo, aunque no precisó qué hará si las fuerzas secesionistas logran la mayoría absoluta el 27S y declaran unilateralmente la independencia.
La primera barrera
Pero el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue mucho más explícito ayer y amenazó veladamente a Mas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución como último recurso. La estrategia del Gobierno es impugnar ante el Tribunal Constitucional las decisiones que pueda adoptar un hipotético ejecutivo independentista presidido por Mas, incluida lógicamente la declaración unilateral de independencia. Sería una primera barrera, que Moncloa confía en que sea suficiente para frenarle. Si incumpliera las disposiciones del alto tribunal se entraría en el ámbito penal, por la comisión de los delitos de desobediencia y prevaricación.
Solo después de que se dieran estos escenarios, pensaría en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, tomar las «medidas necesarias» para obligar a las autonomías a cumplir las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes e impedir que atenten gravemente contra el interés general de España.
Catalá confió en que «el sentido común de los catalanes y de las instituciones de Cataluña» evitará que se llegue a «una situación de crisis y conflicto» que obligue a aplicar dicho artículo. Señaló que, aunque «está en vigor y podría aplicarse, nunca se ha hecho», por lo que constituye un «escenario teórico y de máximos». El ministro aseguró en una entrevista a Europa Press que solo cabría aplicarlo en «un escenario extremo de incumplimiento de obligaciones». «Eso hay que acreditarlo correctamente, necesita un aval político, una mayoría del Senado que lo apruebe y, a partir de ahí, el Estado central daría instrucciones a las instituciones del Gobierno autonómico para que lleven a cabo las actuaciones», añadió. En cuanto al momento en que se aplicaría, afirmó que ya lo dice el propio artículo, cuando «un gobierno autonómico incumple reiteradamente sus obligaciones». En todo caso, el Ejecutivo espera que no se alcance ese punto máximo de enfrentamiento que conduzca a «situaciones de crisis indeseables por parte de todos».
El artículo 155 de la Constitución es, dentro de la estrategia gubernamental, la última barrera para detener el proceso independentista, pero Catalá precisó que hacen falta «muchos pasos» para llegar a este punto y confió en que se encontrarán «medidas y soluciones para las situaciones de tensión».
Mayoría amplia y sólida
Mas y Oriol Junqueras van en los puestos número cuatro y cinco de Junts pel Sí, la lista encabezada por el ecosocialista Raúl Romeva, pero el primero tiene asegurada la presidencia de la Generalitat si gana. El coordinador general de CDC, Josep Rull, aseguró ayer que el reconocimiento internacional de Cataluña como un estado propio depende de que el 27S la lista independentista logre «una mayoría amplia y sólida» porque «Europa siempre estará al lado de la democracia». Rull señaló que, ante el Estado español, «lo hemos probado todo», y recordó la petición al Congreso de la transferencia de la competencia para hacer referendos o la ley de consultas.