Estas sanciones están previstas en la reforma de la ley del Tribunal Constitucional aprobada en el 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP
28 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La aprobación en el Parlamento catalán de las conclusiones de la comisión sobre el proceso constituyente puede acabar en multas y la suspensión, que sería la primera vez que ocurriera en democracia, de la presidenta de una Cámara legislativa. Estas sanciones están previstas en la reforma de la ley del Tribunal Constitucional aprobada en el 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP. La modificación, recurrida por la oposición al propio tribunal porque fue impuesta por los populares como instrumento contra el desafío secesionista, faculta al Constitucional para hacer efectiva directamente la ejecución de sus sentencias. Y fija, en concreto, un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de sus resoluciones.
Advertencia
Obligación de impedir iniciativas ilegales. El pasado mes de marzo, el tribunal admitió por primera vez un incidente de ejecución, planteado por el Gobierno contra la decisión del Parlamento catalán de crear la comisión de estudio del proceso constituyente. La semana pasada, al conocerse que la Mesa del Parlamento catalán tenía intención de llevar a pleno las conclusiones de esa comisión, el Constitucional aprobó por unanimidad una resolución en la que advertía que los contenidos de esa comisión coincidían sustancialmente con la resolución parlamentaria del 9 de noviembre del 2015 que inició el llamado «proceso de desconexión» y que había sido declarada nula por el tribunal. En el auto del pasado día 19, el tribunal advertía a la Cámara autonómica, y «especialmente a la Mesa», de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir estos mandatos» del Constitucional.
Sanciones
Multa, suspensión y responsabilidades penales. Constatado el incumplimiento, el tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, que así lo reclamará mañana, podrá adoptar las medidas que considere oportunas para asegurar el cumplimiento de su resolución, para lo cual podrá recabar la colaboración del propio Ejecutivo. A quienes hayan incumplido sus indicaciones les podrá imponer una multa de 3.000 a 30.000 euros, que podrá reiterar cuantas veces se desobedezcan sus indicaciones. Además, podrá suspender de sus funciones a las autoridades o empleados públicos durante el tiempo necesario para que se cumplan sus pronunciamientos. Y podrá deducir testimonio para exigir responsabilidades penales para los incumplidores.
El texto
Ruptura unilateral en tres fases. El texto del Parlamento catalán indica que «el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para comenzar un proceso constituyente» con «el apoyo y aval de las instituciones catalanas». Constará de tres fases: una de «proceso participativo» para elaborar los fundamentos de una Constitución; dos, de «desconexión con la legalidad» española de manera unilateral; y, tres, de puesta en marcha de una asamblea constituyente cuyas decisiones «no serán susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal». El proceso concluiría con un referendo unilateral de los catalanes sobre la supuesta constitución.