El PP se resiste a cumplir a rajatabla las exigencias de su pacto con Ciudadanos

El PP y Ciudadanos cierran este domingo el primer trimestre de la legislatura sin cumplir su compromiso de tramitar las seis medidas en favor de la regeneración y en contra de la corrupción, que los de Albert Rivera pusieron como condición para empezar a negociar la investidura de Mariano Rajoy el pasado agosto. Pese a lo recogido en su acuerdo, en este tiempo ni se han limitado los mandatos presidenciales, ni se han suprimido los aforamientos, ni tampoco se ha registrado una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP.

Tres puntos que ambas formaciones abordarán en una reunión en el Congreso en la que los liberales intentarán arrancar al PP algún compromiso. «Nuestra palabra está cumplida», insistió este lunes la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Desde Génova recuerdan que las exigencias naranjas las aceptaron no por convicción, sino por necesidad. «Eran lentejas», argumentó Fernando Martínez-Maillo. Aun así, el coordinador general de los populares defendió que son un partido «serio» y las cumplirán.

Sobre limitar los mandatos, el PP considera que puede ser anticonstitucional y que es una figura propia de un régimen presidencialista y no parlamentario. La fórmula jurídica propuesta por Ciudadanos, que quiere que entre en vigor de inmediato, afectaría directamente a Rajoy. Una cuestión controvertida que los populares tratan de esquivar.

Eliminar los aforamientos afectaría únicamente a diputados, senadores y miembros del Gobierno, pero no a diputados autonómicos (regulados en los respectivos estatutos de autonomía) y a jueces y miembros de las Fuerzas de Seguridad. Así se lo recordó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a Rivera en una sesión de control en la Cámara baja. Además, para llevarla adelante sería necesaria una reforma constitucional.

Indultos a corruptos

Los indultos a corruptos es uno de los puntos que Ciudadanos considera ya tramitados, aunque sea gracias a los socialistas. Tampoco es un escollo la nueva ley electoral, otra de las exigencias que la formación de Rivera ve cumplida con la constitución de una subcomisión parlamentaria para estudiar el tema. No hay acuerdo en la creación de una comisión para investigar la financiación del PP y en cuándo se debe separar de su puesto a un cargo imputado, un debate reabierto con el caso del presidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

Rivera elude poner fecha a la dimisión del presidente de Murcia

Ciudadanos sigue esperando la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y así seguirá por el momento. El partido de Rivera evita poner una fecha límite a su ultimátum para que el barón popular deje su cargo tras haber sido imputado en el caso Auditorio. «No concedemos ningún plazo, exigimos el cumplimiento del acuerdo», aseguró ayer la portavoz de la formación, Inés Arrimadas.

El presidente murciano está citado a declarar el próximo 6 de marzo por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Y, por ahora, se niega a dimitir. Ante esta situación, el PSOE y Podemos ya tienen en mente presentar una moción de censura. El partido liberal se pone de perfil y evita «adelantar acontecimientos». El plan de los de Rivera pasa por esperar al encuentro con la dirección del PP murciano para analizar la situación, en la que esperan una proposición de los populares.

Pedro Antonio Sánchez no ha perdido el respaldo de su formación a nivel regional ni tampoco el apoyo de la cúpula nacional del PP. Desde la sede central de la calle Génova creen en su legitimidad para continuar gobernando la comunidad y apuestan por su permanencia como líder de los populares en Murcia. El coordinador general del PP, Martínez-Maillo, cargó contra el PSOE, al que acusó de orquestar una «persecución política» contra Sánchez.

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