El expresidente de la Generalitat niega la financiación irregular y descarta abandonar la política como le pide la oposición
11 mar 2017 . Actualizado a las 09:53 h.En pleno terremoto tras las confesiones de Félix Millet y los Montull, Artur Mas salió ayer al paso para tratar de capear el temporal, defender a los suyos y fijar la línea de defensa del PDeCAT, que ve comprometido su futuro al año de haber nacido. Aunque el juicio del Palau ha pasado a convertirse en el caso Convergència, Mas está empeñado en desligar a su nueva organización de la fenecida CDC. Intenta convencer de que son dos fuerzas políticas distintas aunque los dirigentes sean los mismos, pero a la vista de lo ocurrido y de lo que vendrá el cambio de denominación de hace un año empieza a tener explicaciones menos sentimentales y más prosaicas.
El líder soberanista sigue atribuyéndolo todo a una mano negra del Estado, que utiliza a la Fiscalía para combatir a su partido y por extensión para frenar el proceso soberanista. «En Madrid -subrayó- saben que nuestra formación puede ser clave para que haya una mayoría en algún momento a favor del Estado catalán». A la Fiscalía le «interesa mucho atribuir todos los males del mundo» a Convergència, añadió envolviéndose una vez más en la bandera para defenderse de las acusaciones de corrupción.
Apenas hay autocrítica entre los convergentes y dicen estar convencidos de que todo se trata de un «montaje» para perjudicar al soberanismo, a pesar de que el caso Palau estalló en el 2009, cuando el proceso independentista aún estaba lejos y Convergència ni siquiera gobernaba. Mas, el mejor exponente de este negacionismo, lo rechazó ayer todo. Negó que su partido se haya financiado de manera irregular, descartó las mordidas del 3 % o del 4 % a cambio de adjudicaciones a las constructoras, puso la mano en el fuego por Osácar, extesorero que está procesado en la causa, y también por Germá Gordó, antiguo gerente del partido, su mano derecha en la dirección de Convergència y luego consejero de Justicia. El expresidente de la Generalitat retó además a la Fiscalía a que investigue los concursos públicos. «La vía penal -apuntó- no es una tertulia, hay que demostrar las acusaciones». El otro argumento de defensa que usó el dirigente nacionalista es presentar a Millet y Montull como dos delincuentes confesos, que están dispuestos a cantar lo que sea con tal de no ir a prisión. «Intentan colgarnos el muerto», expresó. Por ello, cree que sus versiones no tienen credibilidad y sí la tiene, a su entender, la de su extesorero, a quien calificó como una persona «honorable».
Mas mantiene su confianza en Osácar, pero el contable del partido es su cortafuegos si hay sentencia condenatoria. Usando un argumento del que también echan mano los dirigentes del PP, el líder soberanista quiso dejar claro que su «responsabilidad no era llevar la administración, las finanzas o los servicios jurídicos del partido, pero sí lo era poner al frente de estas áreas a personas que hicieran el trabajo correctamente».
Mas reconoce que la imagen de los convergentes está cuestionada, pero considera que la del PDeCAT está «fuera de toda sospecha». Aunque cada vez son más las voces que fuera y dentro del soberanismo le piden que abandone la nave, el expresidente catalán lo descarta de plano.