Tiene razón Artur Mas. La suya es una sentencia injusta. Pero esa es la única verdad, porque ni siquiera acierta en la razón de la injusticia. No. No es que haya sido perjudicado. Si acaso, todo lo contrario. Sus cargos políticos lo han protegido y le han permitido lo que no se permite al ciudadano común: burlar sistemáticamente la ley, con el agravante de que era el primer obligado a cumplirla y hacerla cumplir, por lo que, además, ha desatendido las obligaciones de su cargo.
Pero no es la única injusticia. Es también injusto, e incluso indecente, que quien ha sido presidente de Gobierno tenga la desfachatez de decir que en España se le juzga y se le persigue por sus ideas políticas. Eso no es cierto, es una falsedad en toda regla y un intento de despreciar la democracia española, esa democracia que a él le ha permitido gobernar y que le ofrece todas las garantías y protecciones judiciales que corresponden. Y que, por ejemplo, de momento le mantienen a salvo de los múltiples casos de corrupción que salpican a su alrededor.
No, no se le persigue por sus ideas políticas ni el juicio tiene nada que ver con sus posicionamientos independentistas. En este país se pueden defender posturas secesionistas sin que nadie se lo impida ni se lo discuta, más allá del consustancial debate político propio de una democracia. Lo que no se pemite, ni aquí ni en ningún otro país del mundo en el que rija un Estado de derecho, es que un ciudadano, y menos aún quien lo representa, se salte la ley a su antojo y se permita desobedecer a las instituciones encargadas de velar por su cumplimiento. Tal cosa quebraría la separación de poderes y la preeminencia de la ley. Una actitud propia de regímenes totalitarios. ¿Es ese el modelo que Artur Mas tiene en mente para Cataluña?
Pero lo que quizás es más injusto es que se engañe a un pueblo con promesas de imposible cumplimiento y, además, se haga despreciando la fractura social que eso provoca.