Es lo malo de mirar para otro lado mientras la enfermedad se propaga, que cuando se llega con el bisturí ya es tan tarde que solo se consigue hacer más daño sin por ello lograr extirpar el tumor. Es lo que le ha ocurrido a Rajoy. Su lluvia de millones para intentar contentar a los catalanes ha sido recibida con desprecio por los secesionistas. Es decir, no sirve a sus propósitos y, en cambio, ha soliviantado al resto de las comunidades, que temen, con razón, que con ello se premie la deslealtad y la desobediencia. No se niega el deterioro de las infraestructuras catalanas. En algunos casos mayor que el de otras comunidades, sí, pero porque las tuvieron bastante antes. Ya quisieran muchas, Galicia por ejemplo, disponer de todo lo que tienen los catalanes. Tampoco se cuestiona la inversión en Cataluña. Se desconfía de un esfuerzo inversor que se niega al resto de las comunidades y que se aplique un criterio político para apaciguar a quien desafía al Estado mientras se castiga a quien cumple con sus obligaciones. El mejor ejemplo es que Hacienda prepare una quita en la deuda de las comunidades con el Estado. La gran beneficiada sería Cataluña. Las perjudicadas, aquellas que, como Galicia, han sido estrictas en los recortes para reducir el déficit.
No se cuestionan las inversiones ni que Cataluña tenga razones para quejarse. Pero cada comunidad tiene las suyas. Lo que se critica es que se apliquen criterios políticos que acaban beneficiando al más desleal. Porque no es la sospecha del envidioso, sino la constatación de cómo ha evolucionado el desarrollo autonómico. El sistema de financiación, ese engendro que ya nadie entiende, ha sido la válvula de escape para aliviar la presión generada por el nacionalismo catalán. Y eso explica los recelos del resto de las comunidades. Lo más grave es que esa prima al desleal no ha servido para aplacarlo. Al contrario, lo ha envalentonado hasta llevar su estrategia al extremo de la ruptura. El Estado de las autonomías es un gran edificio agrietado por la insolidaridad y los privilegios. Pero nada se puede construir desde el chantaje ni desde el agravio. El Gobierno debe esforzarse en reconstruir puentes, sí, pero no para pagar su inacción anterior ni la extorsión de los secesionistas. Cada uno, también los catalanes, debe recibir lo justo según criterios objetivos y de equidad, no por intereses políticos.