La Guardia Civil registra empresas por el pago de mordidas a González y al PP

M. Saiz-Pardo / M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Javier López | EFE

Cree que pagaron con dinero negro las deudas de la campaña de las autonómicas del 2011

21 abr 2017 . Actualizado a las 09:01 h.

La operación Lezo es mucho más que el saqueo del Canal de Isabel II para llenar los bolsillos de Ignacio González y su entorno. La Guardia Civil desplegó ayer la segunda fase de este operativo con el objetivo primordial de encontrar pruebas para apuntalar el otro gran eje de esta investigación: las sospechas de que el expresidente de la Comunidad de Madrid recurrió a dinero negro para afrontar las deudas que dejaron tiritando la caja del PP regional tras las elecciones autonómicas del 2011, que volvieron a dar la mayoría absoluta a Esperanza Aguirre.

Los funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) registraron ayer seis empresas, cinco de ellas bajo sospecha por haber pagado millonarias mordidas a González a cambio de obra pública, un dinero que -según la investigación que dirige el juez Eloy Velasco- el expresidente destinó tanto a su enriquecimiento personal y al de su familia como a la supuesta financiación irregular del PP en Madrid.

Los allanamientos tuvieron lugar en la multinacional tecnológica Indra; en la constructora de Villar Mir OHL; en la operadora de navegación aérea Saerco; en la empresa de servicios hidráulicos Licuas; y en la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid, pieza clave en el entramado para allegar dinero negro a la formación política. Además, registró también la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).

La UCO ya tiene muy clara la involucración de Indra, según admiten los propios responsables de la investigación. El gigante tecnológico habría pagado en el 2012 y a través de terceros cerca de 700.000 euros a acreedores del PP. La operativa fue que ICM y su director, José Martínez Nicolás -detenido ayer, tras haber sido arrestado en el marco de la operación Púnica- adjudicaron a Indra contratos «hinchados» en cerca de un millón de euros. La tecnológica, a cambio, se habría prestado a aceptar como propias varias facturas falsas giradas por esos proveedores del PP contra Indra por conceptos ficticios. Toda esta operativa habría sido diseñada por González, quien tras su llegada a la secretaría general del partido a finales del 2011, presentó una contabilidad limpia al Tribunal de Cuentas, sabedor de que al año siguiente Indra, que ya está siendo investigada en Púnica por el pago de otras comisiones al PP madrileño, iba a pagar las deudas con el dinero público que le llegó con esos contratos con sobrecostes. La Guardia Civil se personó ayer por la tarde en la sede de PwC para recabar copias de contratos de la ICM.

El otro gran eje de la investigación fue OHL, a la que Francisco Correa ya señaló como financiadora del PP nacional durante el juicio del caso Gürtel. En este caso, la UCO apunta a que la constructora, a través de una filial mexicana, habría pagado en el 2007 algo menos de 1,5 millones de euros a González como mordida a cambio de la adjudicación de la construcción de la fallida línea de tren entre Móstoles y Navalcarnero, que iba a costar más de 350 millones de euros. Esa comisión, según ha descubierto la Guardia Civil, fue ingresada en una cuenta de Suiza. Parte de ese dinero habría engrosado la fortuna opaca del hombre de confianza de Aguirre, pero otra parte habría acabado regresando a las arcas de la formación.

El registro de las demás compañías, apuntaron los investigadores, estaría relacionado con el expolio del Canal de Isabel II para el enriquecimiento de los imputados, aunque también se investiga el desvío de dinero al PP. Saerco, que gestiona varias torres de control, fue creada por Ildefonso de Miguel, imputado en la operación Lezo como exdirector gerente del Canal de Isabel II. Licuas, especialista en obras hidráulicas y contratista habitual de Canal, es propiedad de Joaquín Molpeceres, ya imputado en el caso Gürtel por donaciones irregulares al PP.

González ha pasado su segunda noche en la comandancia de la localidad madrileña de Tres Cantos, en un calabozo de seis metros cuadrados y sometido a videovigilancia para evitar que se autolesionase. En las celdas contiguas estaban, entre otros, su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero, también detenidos. El juez tiene previsto tomar declaración hoy a González y a los principales implicados. La Fiscalía ya ha anunciado que pedirá prisión incondicional para el expresidente madrileño.

Las firmas investigadas se hunden en la bolsa

No solo la política se agitó ayer con las investigaciones de la Operación Lezo. También los mercados. OHL e Indra fueron los peores valores ayer en la Bolsa española, sobre todo en el caso de la firma de Villar Mir, que se llegó a precipitar un 15 % al conocerse la entrada de la Guardia Civil; finalmente la caída fue de más del 8 %. Indra, por su parte, se dejó otro 2,2 %, aunque llegó a caer casi un 5 %.