Exigen el cese del fiscal jefe anticorrupción por intentar limitar la investigación

La Guardia Civil cree que Ignacio González recibió a principios de año un chivatazo sobre la operación

M. Sáiz-Pardo
madrid / la voz, colpisa

El intento del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, de que no se hicieran determinados registros de la operación Lezo y el presunto chivatazo de un miembro del Gobierno a Ignacio González de que iba a ser detenido provocaron ayer una tormenta política. La oposición pidió la comparecencia en el Congreso para dar explicaciones de Moix, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido.

La Guardia Civil está convencida de que González o su entorno recibió a principios de este año el chivatazo de que la UCO le estaba siguiendo los pasos muy de cerca y de que la Audiencia Nacional había abierto en el 2016 una nueva investigación, al margen de la del ático de Estepona, que le implicaba en los desfalcos del Canal de Isabel II. Los agentes, que tienen intención de reclamar al juez Eloy Velasco que abra una pieza separada sobre esta supuesta filtración, basan sus sospechas en varios indicios, pero sobre todo por el hecho de que el expresidente hace dos meses dejó de usar profusamente sus teléfonos móviles, lo que respondería a que alguien le sopló que estaba intervenidos. Hasta entonces, González había hecho un uso indiscriminado e «indiscreto» de sus teléfonos hablando con total soltura de cuestiones muy sensibles. Los pinchazos a González desvelan la esperanza que tenía en el nombramiento de Moix, al que consideraba favorable a las tesis del PP y del que confiaba que, en cierta forma, frenara la investigación sobre su ático. Así lo desveló en una conversación, muy anterior a la designación de Moix, que mantuvo con Eduardo Zaplana.

Moix se opuso

Moix intentó el martes que no se realizaran varios registros de empresas supuestamente implicadas en el saqueo de la compañía de aguas de la Comunidad de Madrid. En concreto, quiso vetar los vinculados con la compra de sociedades por parte de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa), filial colombiana del Canal de Isabel II, que tiene presencia en cinco países de América Latina, por operaciones sospechosas que se remontan a la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón como presidente madrileño. Ante la negativa de los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, Moix tuvo que presentar la orden por escrito, con el aval del fiscal general del Estado. Para dirimir el conflicto, los fiscales acudieron a la Junta de fiscales Anticorrupción, que les dio la razón, por una aplastante mayoría de 21 votos a favor frente a 2 en contra (uno de ellos del propio Moix).

La Fiscalía General del Estado trató de restar importancia a lo sucedido y en un comunicado sostuvo que es «es falso» que Moix «haya intentado obstaculizar la investigación», pero admitía «puntuales discrepancias técnico-jurídicas» en la Fiscalía Anticorrupción». Esas explicaciones no convencieron a la oposición. La presidenta de Andalucía Susana Díaz, exigió que Maza dimita o sea cesado de manera inmediata.

Investigan el oneroso desembarco en Iberoamérica decidido por Gallardón

La operación Lezo tiene más celdas que un panal de abejas. La producción de la miel que saboreó Ignacio González hunde sus raíces en la época de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de Madrid, hace ya 16 años. Según El Confidencial, los investigadores indagan en la adquisición de la sociedad colombiana Inassa en una operación que acabó costando 97 millones de euros.

La compra de Inassa marcó el inicio de la expansión del Canal de Isabel II por Iberoamérica, una decisión adoptada por el Gobierno que entonces presidía Alberto Ruiz-Gallardón. El primer presidente popular de la Comunidad fue quien decidió también que se creara una sociedad vehículo, denominada Canal Extensia, para la compra de Inassa como forma de desembarcar en Colombia, que habría de servir de puerta de acceso a otros futuros negocios en Sudamérica.

El 14 de noviembre del 2001, el consejo de administración del Canal acordó la creación de Canal Extensia, que diciembre compraba el 75 % de Inassa por 83,6 millones de euros, diez veces más que lo que habían pagado un año antes los socios colombianos por el 49 %. En octubre del año siguiente, el Canal decidió una ampliación de capital en Inassa por otros 13,7 millones de euros, por lo que la onerosa operación acabó costando 97,3 millones.

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