El día que el número dos de Aguirre firmó por Gürtel

Mateo Balín / Colpisa MADRID

ESPAÑA

Víctor Lerena | EFE

El expresidente de Madrid autorizó la venta de la parcela de Majadahonda, el origen de la trama, según Correa

24 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Ignacio González pasó el domingo su segunda noche en la cárcel de Soto del Real. Que la sombra de la corrupción planeaba sobre él era algo sabido. A pocos sorprendió la noticia de que quien fue el número dos de Esperanza Aguirre no tenía un pasado tan inmaculado como aquel por el que la propia Aguirre se atrevió a apostar: «Pondría la mano en el fuego por él». Pero González matizó: «Yo no pondría la mano en el fuego ni por mí». Sus trayectorias políticas han ido siempre de su mano desde que ella lo eligió como vicepresidente en noviembre del 2003.

Solo siete meses después, González autorizó un pelotazo urbanístico. Se cree que el primero. Dio el visto bueno con su rúbrica a la venta de unas parcelas de Majadahonda. Una operación que se considera la génesis del caso Gürtel, según Correa, y daba pie al comienzo de la expansión de la trama Púnica, de Francisco Granados. El relato de los hechos, en boca de Esperanza Aguirre, es que ella había destapado, «sin saberlo», puntualiza siempre, la trama corrupta liderada por Correa. En realidad, lo que había detrás era una guerra sin cuartel en el PP madrileño para gestionar la venta de suelo público en Majadahonda, que en pocos años había pasado de ser tierra de pastos a una de las zonas más demandadas para vivir en las afueras de la capital.

Hablando en euros, Correa declaró en sede judicial que en Majadahonda llegó a embolsarse más de 27 millones en contratos presuntamente amañados para sus propias empresas y para otras que le pagaron la correspondiente comisión.

La batalla final se libró a mediados del 2004, cuando el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (que se enfrenta a hasta 50 años de cárcel en el juicio de Gürtel por haberse llevado más de dos millones de euros con las actividades de Correa), decidió sacar a concurso por 48 millones la parcela RN-1 y por otros 35 la parcela D. Como el precio de la venta era superior al permitido para una corporación local, el Ayuntamiento de Majadahonda pidió permiso a la Comunidad de Madrid. Ahí entró en escena Ignacio González para aprobar las condiciones, y autorizó la venta.

A partir de ahí, el alcalde de Majadahonda tiró por su lado, quería amañar la venta para que se la llevara Martinsa. Y González autorizó, sabiéndolo, aquella operación.