Aunque la corrupción es un mal estructural, del que -entre China y el Vaticano- ningún Estado se libra, existe un consenso generalizado en que, cuando rebasa los límites de lo excepcional y lo insignificante, daña seriamente el sistema político, consume cuantiosos recursos, genera ineficiencia e injusticia, y contamina la gestión pública y privada. De este consenso, que no es objetable, se deriva el enfoque dominante en los países avanzados, que, en aras de las omnipresentes simplicidad y corrección discursiva, sublima y dramatiza la lucha contra la corrupción, sin importarle -ni mencionarla siquiera- la posibilidad de que, en los vértigos propios de la improvisación, se marquen objetivos utópicos, se adopten decisiones que comprometen el sistema, o se administren antídotos peores que la enfermedad.
El primer freno a esta corrección discursiva lo ponen los ciudadanos, que, a pesar de las alharacas que montan contra la corrupción de los poderosos, están muy lejos de guiar sus preferencias y votos por este criterio radical. Por eso se da la aparente paradoja de que ningún electorado prioriza en su voto castigar la corrupción. Y nada extraño deberíamos ver en esta actitud si tenemos en cuenta que, salvadas las distancias entre la trascendencia de lo público y lo privado, siempre se percibe una relación invariable entre la corrupción de lo social y lo político.
Ello no obstante, más allá del carácter intuitivo del comportamiento cívico, también se puede formular un principio racional que aconseja combatir la corrupción como un hecho político -no cósmico-, dentro de los límites de la lógica política. Y esta lógica nos obliga a aceptar, como mínimo, una cautela esencial, ya que no tiene sentido que la radicalidad y espectacularidad de los tratamientos anticorrupción se instalen en nuestras preferencias axiológicas y valorativas por encima de la propia funcionalidad y estabilidad del sistema. Mientras la lucha contra la corrupción es programable en tiempo, forma, intensidad y oportunidad, la protección del sistema es esencial e indeclinable, ya que solo en ese sistema, y dentro de un orden político y jurídico democrático, se puede desterrar la corrupción y asentar los derechos democráticos.
Ya sé que en los días que corren es muy impopular lo que digo. Pero a veces tengo la sensación de que ante temas como este, sujetos a la teatralización mediática y política, nos comportamos como Rañolas, el tierno antihéroe de Castelao -Os dous de sempre- que, enfadado con el mundo y su injusticia, metió un petardo en su propia boca «e fixo voar o mundo». Porque, aunque estoy convencido de que los problemas de Rañolas eran ciertos y graves, y de que el petardo lo libró de todos ellos, no creo que su estrategia fuese proporcionada, ni que un problema quede resuelto cuando su solución radical nos lleva por delante. Porque un suicidio no es una victoria, sino una huida.