El PP quiere llevar las alegaciones de Rajoy por la corrupción a los días prevacacionales
ESPAÑA
La oposición logra en el Congreso que se someta a un interrogatorio casi judicial durante un día
25 may 2017 . Actualizado a las 08:58 h.Cuanto antes. El PP quiere concentrar exclusivamente en los días previos a las vacaciones el inevitable desgaste de Mariano Rajoy dando explicaciones en sede judicial y parlamentaria sobre la corrupción en su partido. Los populares, que hace una semana propusieron a la Audiencia Nacional que el presidente declare como testigo en el juicio del caso Gürtel el 26 ó 27 de julio en puertas de las vacaciones, presionaron ayer en el Congreso para que el jefe del Ejecutivo comparezca en la comisión de investigación sobre la supuesta caja B del PP también en julio. La estrategia es similar a la que el PP usó en el 2013 cuando consiguió que la intervención monográfica en el Senado sobre Luis Bárcenas tuviera lugar el 1 de agosto.
La primera sesión de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP acabó sin acuerdo sobre el calendario o los comparecientes, pero con el compromiso de fijar un plan de trabajo el 7 de junio. La fecha de la citación de Rajoy fue el punto central del debate. El PP, reacio en un principio a que su líder abriera el turno de comparecientes, cambió de criterio y se unió a la petición del PSOE de que el jefe del Ejecutivo sea el primero.
Advertencia
La jornada inaugural de la comisión se saldó con la primera derrota del PP. La oposición votó en bloque para forzar a que los intervinientes -y en particular Rajoy- tengan que responder con concisión a las preguntas. La comisión aprobó que los comparecientes se sometan a un interrogatorio ágil, modelo judicial de pregunta y respuesta en el que el citado no pueda hacer largas exposiciones. Habrá intervinientes «monográficos», como el presidente del Gobierno, que serán interrogados durante toda una jornada. Los grupos tendrán 20 minutos para preguntar a Rajoy.
La otra bronca vino a cuenta de la intención del PP de que exista al menos un cupo mínimo de comparecientes por cada partido que no puedan ser vetados por el resto, al margen de los que sean citados por la comisión. La intención de los populares, según admitieron fuentes del partido, es poder llamar a esta comisión sobre las cuentas del PP a responsables de otras formaciones.
El coordinador general del PP Fernando Martínez Maillo lanzó un aviso, sobre todo a los socialistas y a su reelegido secretario general, Pedro Sánchez, en el sentido de que si el resto de los partidos no muestran «ninguna disponibilidad para que vengan sus líderes nacionales», estos «lo harán en el Senado», en la comisión sobre la financiación de todos los partidos y en la que el PP tiene mayoría absoluta.
PSOE y Podemos fueron los dos únicos grupos que presentaron un listado de comparecientes que hace presagiar una larga relación de interrogatorios. Los socialistas reclamaron la comparecencia de 48 personas, los de Pablo Iglesias, la de 47, con algunas coincidencias.
El listado del PSOE está compuesto exclusivamente por responsables actuales y exaltos cargos del PP. Además de Rajoy, incluye, entre otros, a José María Aznar, Dolores de Cospedal, Ángel Acebes, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Rodrigo Rato, Ana Mato, Luis Bárcenas, Carmen Navarro, Ángel Sanchís, Rosendo Naseiro, Jaume Matas, Francisco Camps, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados, Ricardo Costa, Juan Cotino, Carlos Fabra, Alfonso Rus, Marcos Benavent, Pedro María Sanz o Pedro Antonio Sánchez.
En esencia, además de los máximos responsables del PP y de sus finanzas durante los últimos dos años, el listado incluye nombres salpicados por las tramas Gürtel, Lezo, Púnica o Taula. Hay en ese elenco cargos populares de Madrid, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares y la Rioja.
En el listado de Podemos hay 24 nombres de dirigentes del PP, pero también cuatro policías, funcionarios de la UCO de la operación Lezo, periodistas y trece empresarios acusados de haber pagado comisiones.
Las asociaciones profesionales piden despolitizar la elección del fiscal general
Las asociaciones profesionales reclamaron ayer en el Congreso que se cambie el sistema de elección del fiscal general del Estado para desvincularlo del Gobierno y plantearon a los diputados alternativas, como que sea por amplia mayoría del Congreso o por votación de los representantes de la carrera fiscal. Las tres organizaciones de fiscales trasladaron a los grupos parlamentarios los problemas de la institución en un mes salpicado por su cuestionamiento y el de su máximo representante, José Manuel Maza, que llegó a ser reprobado por el Congreso por sus supuestas injerencias en casos de corrupción política.
Todos ellas coincidieron en cuestionar el sistema de elección directa por el Gobierno del fiscal general y lanzaron a los diputados opciones que lo despolitizarían, como que cuente con una amplia mayoría en el Congreso, que lo designe el Consejo Fiscal o bien que se escoja entre una terna. Estas dos últimas opciones las planteó Concepción Talón, presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales, la mayoritaria.
La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, María de las Heras, secundó la necesidad de cambiar su sistema de elección, ya que «el principal escollo» que pone en duda la independencia de la Fiscalía es «el poder absoluto que tiene el fiscal general del Estado dentro de la institución». Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, propuso otra alternativa: que sea nombrado a propuesta del Gobierno, pero con amplia mayoría del Congreso.