Solo el ánimo de concordia y la renuncia al revanchismo tras la dictadura explican que fuera posible convocar unas elecciones libres menos de dos años después de la muerte de Franco
15 jun 2017 . Actualizado a las 07:41 h.Pablo Iglesias y Albert Rivera no habían nacido; Pedro Sánchez tenía 5 años; el rey Felipe, 9 y Mariano Rajoy, 22. Un día como hoy de hace cuatro décadas, España entró de golpe, y contra pronóstico, en la primera división de las democracias solo 19 meses después de que la muerte de Francisco Franco acabara con casi cuarenta años de dictadura. La rapidez con la que se puso en marcha el proceso que desembocó el 15 de junio de 1977 en las primeras elecciones democráticas celebradas desde el 12 de febrero de 1936 fue la clave del éxito. Pero, aunque el tiempo ha edulcorado el recuerdo de aquel período crucial de la reciente historia de España, no fue ni mucho menos un camino fácil. El ánimo de concordia, el deseo de superar el rencor y la renuncia al revanchismo de la mayoría de los españoles tuvo que imponerse a las presiones que, desde todos los frentes, querían hacer descarrilar el tren de la democracia.
Bajo la amenaza del terror
La extrema derecha no aceptaba el cambio hacia las libertades y trató de amedrentar a la población provocando numerosas víctimas mortales. Solo cinco meses antes de aquellos comicios se produjo la matanza de Atocha, en la que fueron asesinados cinco miembros de un despacho de abogados laboralistas. ETA estaba también en el apogeo de su terror, asesinando casi a diario. Y otro grupo terrorista, el Grapo, secuestró al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y al del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa. La campaña electoral se celebró con el empresario Javier Ybarra secuestrado por ETA. Tres días después de las elecciones sería asesinado. Todo ello generaba un clima de tensión extrema en el que no faltaba la amenaza de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas de acabar por la fuerza con aquel experimento. En ese clima asfixiante es en el que el rey Juan Carlos, que tuvo siempre claro que en España debían convocarse unas elecciones libres, puso en marcha el acelerador de las reformas.
La prueba de legalizar el PCE
Aunque el nombramiento de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno y su inacción política amenazó con bloquear ese proceso, su posterior destitución y el nombramiento de Adolfo Suárez al frente del Ejecutivo impulsó el cambio y el desarrollo de las leyes y normas necesarias para culminar con éxito ese audaz proceso de transición tras el harakiri de las Cortes franquistas. Pero el elemento que puso definitivamente a prueba si aquello sería posible fue sin duda la legalización del Partido Comunista, anunciada el 4 de abril, sábado santo, solo dos meses antes de los comicios. El rey, Suárez y el general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno, eran conscientes de que esa decisión provocaría incluso dimisiones en el seno mismo del Ejecutivo y de que un amplio sector de la sociedad rechazaba todavía esa medida. Y, en efecto, el titular de Marina, el almirante Pita da Veiga, renunció al cargo y reclamó a todos los almirantes, sin éxito, que hicieran lo mismo. Pero, sabedor de que solo con unas elecciones abiertas a todas las fuerzas políticas sería posible que España fuera reconocida como una democracia plena, Suárez pactó con Santiago Carrillo, que había sido detenido y puesto en libertad cuatro meses antes, la legalización del PCE tras obtener garantías de contención en la celebración de ese hecho. Menos de un año después de ser elegido presidente del Gobierno, el ex secretario general del Movimiento Adolfo Suárez fue capaz de convocar a los españoles a unas elecciones libres.
La creación de UCD
Para impedir que la derecha posfranquista monopolizara la pugna con la izquierda, Suárez tuvo la visión y la habilidad de crear desde el Gobierno un partido de centro que pretendía erigirse en artífice de la reconciliación nacional. La UCD, presentada oficialmente solo cinco días antes de que se cerrara el plazo de inscripción de candidaturas, acabaría ganando esos comicios para sorpresa de un PSOE comandado por un joven Felipe González que aspiraba a la victoria tras hacerse con la hegemonía de la izquierda frente a un PCE que todavía provocaba recelos en una buena parte de la población. El exministro franquista Manuel Fraga optó por liderar una derecha integrada en Alianza Popular, a la que se unieron las diferentes familias del régimen representadas por los que se conocieron como los siete magníficos. Pero su falta de cintura y el tirón electoral del joven Suárez le pasaron factura en las urnas. El gran fracaso lo protagonizó la democracia cristiana antifranquista, que se quedó sin un solo diputado.
Fueron también las elecciones que marcaron el inicio de la hegemonía nacionalista en Cataluña y el País Vasco, con una PDPC, precursora de CiU y más moderada que sus actuales herederos, que acabaría teniendo su propio ponente en la redacción de la Constitución, y un PNV también más templado en sus reivindicaciones que el actual y que, sin dar ese paso, colaboró en el debate.
«Habla, pueblo, habla»
Pero para celebrar aquellos comicios no solo hubo que desmontar una dictadura en tiempo récord. También hubo que instruir en los usos y costumbres democráticos a unos españoles que en una gran proporción no los habían conocido nunca. Casi todos tenían desde luego muchas ganas de votar, aunque finalmente solo pudieron hacerlo los mayores de 21 años. Y fue necesaria una campaña didáctica en los medios. Aquella etapa se recuerda por la canción Habla, pueblo, habla, del grupo Vino Tinto, por más que fuera un tema encargado expresamente por UCD para su campaña electoral. Antes de los comicios de junio de 1977, el regreso de los grandes exiliados políticos y la renuncia del conde de Barcelona a sus derechos dinásticos completaron el cuadro de la transición a la democracia.
Aquellas primeras Cortes se declararon constituyentes y alumbrarían la Constitución de 1978. Aunque todos los grupos la consideran hoy perfectible y los más radicales abogan incluso por su completa derogación, es la que rige en España cuarenta años después y la que ha permitido el más largo período de libertad y prosperidad de su historia.