La oposición le exige disculpas y él asegura que se ha tergiversado su comparación con el proceso soberanista
21 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no cree que tenga que rectificar por haber equiparado la lucha contra ETA con el proceso soberanista, como le pidieron las fuerzas constitucionalistas, porque ni siquiera admite haber hecho esa comparación. La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, afirmó ayer que se han hecho interpretaciones injustas y poco honestas de las palabras que pronunció Puigdemont el martes, en el trigésimo aniversario del atentado de Hipercor. «Es falso», aseguró, se trata de una «polémica interesada», y acusó al ministro del Interior de crear la controversia para no hablar de la junta de seguridad catalana. «Cualquiera que conozca los valores del Gobierno catalán sabe que estamos absolutamente del lado de las víctimas», dijo. Sin embargo, el día después de que Puigdemont emplazara a los catalanes a «persistir» en la defensa del referendo como lo hicieron «muchas personas, también anónimas» en el «combate» contra ETA, las críticas le cayeron casi desde todos los flancos. El Gobierno calificó sus declaraciones de «infamia» y pidió una rectificación. «No puede frivolizar con un tema tan grave como el terrorismo», afirmó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Para el PP, fue «repugnante y odioso» y le reclamó que se disculpe por esas «impertinentes palabras». El PSOE habló de «torpeza» y de «esperpento», y Albert Rivera, de Ciudadanos, le acusó de «humillar» a las víctimas. La Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, por su parte, vio «lamentables» y muy «desafortunadas» las referencias de Puigdemont. También la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el de En Comú Podem, Xavier Domènech, rechazaron que se compare la lucha contra ETA con la defensa del referendo.
La consejera Borràs, primera imputada por la compra de urnas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió ayer a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y contra su número dos, Francesc Esteve, por el anuncio para la compra de urnas para el referendo. El alto tribunal cree que existen «indicios suficientes» de la presunta comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, y ha ordenado abrir diligencias e investigar la actuación de ambos, que son los primeros imputados del Gobierno de Puigdemont por su voluntad de celebrar un referendo y crear un Estado independiente. El TSJC instruye además otra causa contra el proceso, en este caso contra Carme Forcadell y los miembros soberanistas de la Cámara catalana por desobediencia.
La Fiscalía justificó su querella al entender que el anuncio de licitación para la compra de urnas publicado en el diario oficial de la Generalitat «supone la puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referendo vinculante secesionista», contrario a los «expresos mandatos» del Tribunal Constitucional.
El referendo independentista llega hoy al Congreso
La iniciativa permitirá constatar la mayoría parlamentaria que, encabezada por PP, PSOE y Ciudadanos, rechaza el plan «ilegal» del Ejecutivo autonómico
n. v.
No hará falta que Carles Puigdemont acuda a las Cortes Generales para que su propuesta de referendo se someta a examen en el Congreso. La Cámara baja votará hoy una moción en la que el PDECat insta al Gobierno a «respetar» la hoja de ruta de la Generalitat y, por lo tanto, la convocatoria de una consulta independentista el 1 de octubre. Aun abocada al fracaso, la iniciativa permitirá constatar la mayoría parlamentaria que, encabezada por PP, PSOE y Ciudadanos, rechaza el plan «ilegal» del Ejecutivo autonómico. «Tampoco es la primera vez que ocurre», relativizan fuentes de la formación nacionalista. El 8 de abril del 2014, el Parlamento catalán ya llevó al Congreso una proposición de ley para celebrar una consulta sobre el futuro de Cataluña. 299 diputados del PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias y UPN no lo aceptaron.
Ahora la moción de la antigua Convergència va camino de obtener el mismo resultado. En realidad, el texto fue modificado ayer. El original, que reclamaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy negociar la fecha y la pregunta de la consulta, caducó el día que Puigdemont fijó en el 1 de octubre la cita. Los populares dan por sentado que contarán con el respaldo del PSOE. En lo inmediato, deberán estudiar la carta en la que Puigdemont acepta comparecer en el Congreso para explicar las razones por las que promueve la consulta. El Gobierno sostiene que ese debate debería concluir con una votación que refleje si los representantes de la «soberanía nacional» dan o no su aval al planteamiento soberanista. Un escenario que trata de evitar el presidente catalán. Este no quiere llevar al Congreso una reforma constitucional ni mandato alguno del Parlamento autonómico que permita a los diputados pronunciarse. Fuentes del PDECat plantean como alternativa que Puigdemont acuda a la Comisión Constitucional, un marco para intercambiar impresiones con los grupos.