El caso Pujol, sin fecha a la vista para el juicio siete años después de la confesión del patriarca del clan

R. G. Á. BARCELONA / EFE

ESPAÑA

Jordi Pujol, en una imagen de archivo.
Jordi Pujol, en una imagen de archivo. Benito Ordóñez

La Fiscalía lo acusa solo de los delitos de asociación ilícita y blanqueo, por lo que le pide nueve años de cárcel

26 jul 2021 . Actualizado a las 09:00 h.

A los siete años de confesar la fortuna oculta en Andorra, la familia Pujol se enfrenta a acusaciones de blanqueo de capitales y asociación ilícita, aunque todavía sin fecha para el juicio, que como pronto se celebrará en el 2022, con un expresidente ya nonagenario y su esposa exculpada por demencia.

El 25 de julio del 2014 el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol desveló que su esposa Marta Ferrusola y sus hijos habían mantenido ocultos en el extranjero «un dinero» procedente de un legado de su padre Florenci que, «lamentablemente», la familia no había tenido ocasión de regularizar.

Amén de conmocionar la política catalana en vísperas de la consulta independentista del 9N, la confesión dio pie a que una jueza de Barcelona abriera una causa para investigar el origen de la fortuna y afloraran las dimensiones de los fondos: 140 millones de pesetas depositados durante décadas en Andorra.

Pujol se había decidido a hacer pública la existencia de la fortuna días después de que se publicara un pantallazo de una cuenta de su familia en la intervenida Banca Privada de Andorra. La confesión alimentó la investigación que la Audiencia Nacional tenía abierta desde el 2012 al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, una causa que hasta entonces se sustentaba en poco más que en las denuncias de corrupción presentadas por su expareja María Victoria Álvarez y por el empresario Javier de la Rosa, al parecer a instancias de Villarejo.

En el 2015, la Audiencia Nacional asumió ambas investigaciones en una sola causa, con el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus siete hijos imputados, ante los indicios de que la fortuna oculta procedía de pagos efectuados por empresarios entre 1990 y el 2004.

Cinco años de investigaciones llevaron a la Audiencia Nacional a la conclusión de que la familia había acumulado un patrimonio «desmedido» con pagos ilícitos que blanqueaban mediante artificios financieros y testaferros.

En julio del año pasado, el magistrado José de la Mata dejaba a los Pujol a un paso de juicio, al considerar que el clan conformaba una «organización criminal» para el cobro y el reparto del dinero ilegalmente obtenido. La investigación sacó a la luz que entre el 2000 y el 2010 también el expresidente tuvo 307 millones de pesetas en Andbank, lo que podría suponer un fraude fiscal de 885.000 euros ya prescrito.

La Fiscalía acusa a Pujol solo de los delitos de asociación ilícita y blanqueo, por lo que le pide nueve años de cárcel, y para sus hijos propone condenas que suman entre 8 y 29 años, la más severa para el primogénito, que por esta causa ya permaneció siete meses en prisión preventiva.