El plazo para que el órgano judicial pacte sus dos aspirantes acaba hoy
13 sep 2022 . Actualizado a las 08:09 h.Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dieron ayer los primeros pasos para abrir las negociaciones entre el bloque conservador y el progresista del órgano de gobierno de los jueces para designar a los dos candidatos que les corresponde nominar para el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, el plazo fijado por el Gobierno en la última reforma legal expira hoy, por lo que no se espera que el organismo de los magistrados llegue a un acuerdo.
Así con todo, ambas facciones de vocales designaron varios interlocutores para negociar el nombramiento de sus correspondientes magistrados para el tribunal de garantías. Por la parte conservadora, se encargarán de las conversaciones José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, mientras que por la corriente progresista las realizarán Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach.
Mientras estos cinco designados mantienen su pulso por desatascar los nombramientos, el tiempo corre. El pasado jueves, se llegó a un primer punto de consenso: el modo de proceder para proponer a los candidatos y la forma en la que se les votaría, además de respetar los tiempos de decisión que se marcara el Consejo. La propuesta, que vino de la parte conservadora, fue aceptada por el ala progresista.
El protocolo resultante se encaminó a que el Pleno del CGPJ no volvería a reunirse hasta tener los nombres de los candidatos acordados encima de la mesa, hecho que, de momento, no se ha producido. Y podría celebrarse este martes si se diera el caso de que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, y cinco vocales lo solicitaran, como dictan las normas internas del Consejo.
Además, el Pleno también acordó que, una vez presentados dos candidatos, ello no cerraría las puertas a que otros pretendientes pudieran presentarse.
Recorrido judicial
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada por el Congreso y el Senado en julio devolvía la capacidad al CGPJ para efectuar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, pero solo para que designara a sus dos aspirantes a la corte constitucional.
Esta reforma se llevó a cabo porque caducó el mandato de cuatro de los doce magistrados del Constitucional: Pedro González-Trevijano, su presidente; Juan Antonio Xiol, vicepresidente; y Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Estos cuatro nombres componen el tercio que la Constitución manda renovar tanto al Gobierno como al CGPJ.
Bronca desde Bruselas
El atasco en los nombramientos al Tribunal Constitucional tras la amenaza de dimisión de Lesmes si no se renovaba a tiempo el CGPJ ha atraído la mirada de la Unión Europea, que ve como una «situación desesperada» que la restitución del funcionamiento efectivo del Poder Judicial siga estancado.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, mostró ayer su respaldo a Lesmes así como a su discurso y criticó que la vuelta a la operatividad del CGPJ «no debe formar parte del debate político y menos aun ser rehén de ese debate». Así, añadió que su reforma debe ser «urgente y prioridad absoluta» porque, de no darse, supondría un perjuicio «para el Estado de derecho» en España y, por tanto, para «el Estado en su conjunto».
Con todo, Jourová destacó la claridad de la posición de Europa en el asunto judicial: «España debe proceder con carácter prioritario a la renovación del CGPJ e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con el objetivo de reformar el modelo de designación de los vocales del turno judicial teniendo en cuenta los estándares europeos», espetó, concluyendo además que se debe permitir a los jueces «llevar a cabo adecuadamente sus esenciales funciones democráticas».