Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado: «Tenemos 105 recursos ya ante el Supremo contra la rebaja de penas del 'solo sí es sí'»

Esta entrevista podría extenderse casi hasta el infinito ante la carpeta de asuntos con los que lidia la Fiscalía General del Estado. Pero Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) dista de parecer abrumado por el reto en su despacho del imponente palacio de Fontalba, protegido por una singular cúpula de zinc y en el que enseña, con un punto de orgullo, una fotografía de la bombardeada Zaporiya regalo, en persona, de Volodímir Zelenski. Ucrania preludia la entrada en faena.

-Usted se ha mostrado crítico con el bloqueo del Consejo General del Poder judicial. ¿Presionar con dimisiones en bloque es la mejor manera de intentar que el PSOE y el PP vuelvan a negociar la renovación pendiente?

-Sí, soy crítico con ese bloqueo porque estamos ante un funcionamiento absolutamente irregular de una institución muy importante del Estado. Respecto a lo que vayan a hacer o dejar de hacer los vocales del Consejo, deben ser ellos los que lo digan. -Si sumamos a esto la huelga de los letrados, ¿es el peor colapso que ha sufrido la justicia? -Yo no sería tan dramático. Una cosa es el conflicto colectivo de los letrados y otra, el deterioro institucional. Y fíjense cómo son las instituciones españolas que aguantan ese bloqueo de cuatro años del Consejo. Tenemos instituciones muy fuertes y con absolutas garantías. Los ciudadanos pueden estar muy tranquilos.

-¿El Poder Judicial es la víctima de la polarización política?

-La polarización se traslada a espacios que antes eran de acuerdo. Lleva a que no haya consenso cuando deberíamos tener un CGPJ renovado.

-¿Y atribuye la culpa a alguien?

-Naturalmente que hay un culpable. Ha habido tres negociaciones que han saltado por los aires. Culpable es quizás una palabra muy fuerte, pero hay una responsabilidad evidente en quien no quiere llegar a acuerdos.

-¿El Partido Popular?

-Es que han dicho directamente que no va a haber acuerdo sobre esto, no es que lo diga yo.

-¿El Poder Judicial sigue siendo la hermana pobre del Estado?

-Desde la Fiscalía buscamos cómo poner en valor la justicia. Quizá habría que determinar, por ejemplo, qué aporta a la economía, qué nos cuesta o calibrar lo que vale la seguridad ciudadana para convencernos de lo fundamental que es invertir en ella. Sería muy interesante y deseable hacer un pacto de Estado para potenciar un servicio público esencial.

-Acaba de promover la circular para recurrir al Tribunal Supremo las rebajas de penas por la ley del 'solo sí es sí'. ¿Es un intento a la desesperada para tratar de revertirlas?

-Hay un juicio de valor en esa pregunta (sonríe). La circular es una obligación. El proceso es muy sencillo de explicar. Cuando hay una reforma legislativa, se producen modificaciones en el Código Penal que suponen o pueden suponer una reducción de penas. Aquí la vacatio legis, la entrada en vigor de la ley, fue muy breve; y de repente se empiezan a revisar las condenas. Los fiscales tenemos que hacer lo mismo en toda España, tener un principio de unidad y velar por la aplicación igualitaria de la ley. Que lo que diga el fiscal de Algeciras o el de Finisterre sea lo mismo que defenderá la Fiscalía en el Supremo.

-¿La circular no es excepcional?

-Tiene de excepcional que viene de una reforma. Es una acción necesaria. No es oportunista, no viene determinada por que el Gobierno le haya dicho a la Fiscalía que tenga que hacer nada, sino porque los fiscales necesitamos aplicar la ley y coordinarnos. No es una respuesta desesperada, es inevitable.

-¿La ley está mal hecha?

-Eso yo no puedo calificarlo, sería una imprudencia que el fiscal general diera una opinión.

-¿Lo probable es que el Supremo confirme buena parte de las rebajas ya decididas?

-Hasta ahora, al Supremo han llegado recursos de sentencias que no eran firmes. Eso le permite valorar los hechos y modificar o no los elementos subjetivos del tipo penal. Pero otro aspecto son las revisiones de las sentencias. Y ahí hay dos principios constitucionales en juego: la seguridad jurídica y que al reo hay que aplicarle una legislación más favorable. En ese balance sí hay un juego. Y ya se han anunciado por parte de la Fiscalía 105 recursos de casación ante el Supremo. Es un volumen de trabajo muy importante.

-¿Va a pedir un refuerzo?

-No lo sé (sonríe)... Eso me lo tendrían que pedir los fiscales.

-¿Y cómo hemos llegado a esto? ¿Es la ley? ¿O están aplicándola los jueces de manera automática a favor de los agresores?

-La ley es muy buena. Aplica el Convenio de Estambul, que pone a las víctimas en el foco de la protección de los delitos contra la libertad sexual. La aplicación de las penas ha ensombrecido aspectos muy positivos.

-¿También la mayor precisión sobre el consentimiento?

-Es un cambio de mirada sobre el ejercicio de la libertad individual cuando se mantienen relaciones sexuales. El Convenio de Estambul establece que hay que consentir. Del 'modelo del no' nos vamos al 'modelo del sí': las dos voluntades tienen que estar de acuerdo desde el principio para que eso sea libre. Por otro lado, hay cosas que nuestra jurisprudencia ya venía diciendo, no hay un cambio radical. Sobre la revisión, hay tribunales que están siguiendo la línea de Fiscalía y otros que no, no podemos generalizar. Los tribunales son independientes hasta que el Supremo diga cómo interpretar la norma.

-¿Y cómo tranquilizamos a las víctimas?

-Hay que ampararlas y minimizar los daños utilizando todos los instrumentos del Estado de derecho.

-Una niña de 11 años violada por un grupo de menores en Badalona, un goteo de agresiones sexuales similares. ¿Estamos ante un fenómeno delictivo nuevo provocado, entre otras cosas, por el consumo de pornografía a edades muy tempranas?

-Las cifras oscuras, las cifras negras, son muy difíciles de detectar. Lo que tenemos ahora son dos novedades: el exhibicionismo en redes y el acceso indiscriminado a una pornografía dura por adolescentes que ni tienen formado criterio ni están educados sexualmente. Ese es un riesgo muy profundo. ¿Cómo asimila un niño o una niña ese mensaje de dominación extrema del porno? O somos una sociedad capaz de educar sobre lo que está entrando por nuestras pantallas o.

-¿Hay que acortar la edad en la que un menor es imputable?

-El Derecho Penal de menores no puede tener un contenido retributivo, tiene que tener un contenido regulador. De qué nos sirve tener condenado a un menor de 14 años al que vamos a tener vamos a tener que reinsertar en la sociedad a los 20, 30, 40 o 50 años. Hay que reeducarlo.

-Vayamos a Cataluña. Los fiscales del Supremo han alertado sobre la supresión del delito de sedición. ¿Hasta qué punto ha quedado desguarnecido el orden constitucional si el independentismo vuelve a intentarlo?

-Bueno, sé que se ha dicho, pero yo no comparto esa opinión. Es sencillo ver la comparativa de penas. Quitada la sedición, no considerando los desórdenes públicos y si no hubiera habido indultos, el delito de malversación tiene unas penas importantes; también las tiene la desobediencia. Hay tipos penales perfectamente aplicables a los comportamientos que ocurrieron en Cataluña. Había un concurso de delitos y la sedición era un poco el paraguas que los amparaba todos. Quitada la sedición, queda el resto.

-¿No comparte usted entonces esa valoración de sus fiscales?

-A ver, no la comparto en términos absolutos, sobre esa frase en concreto; no vayan más allá. Y eso no quiere decir que no comparta el sentido del recurso que se presentó. Pero yo creo que el Estado de Derecho tiene instrumentos muy importantes para combatir cualquier ilegalidad.

-¿Qué futuro procesal le espera a Carles Puigdemont?

-Pues tiene que venir a España, ponerse a disposición del tribunal y luego ir a juicio. Y se le condenará o se le absolverá.

-Fiscal, ¿le gusta el fútbol?

-(Ríe) No me disgusta, pero no soy futbolero.

-¿Debe recaer en la Audiencia Nacional la investigación contra el Barcelona?

-Por la trascendencia del caso, se decide que quien debe llevarlo es la Fiscalía Anticorrupción; no es que sea ni mejor ni peor que la de Barcelona, simplemente es la Fiscalía especialista. Pero las competencias de la Audiencia Nacional son las que son: artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si encaja, irá a la Audiencia Nacional y si no, no. Es pura ley.

-¿El caso Mediador es el caso Tito Berni, es el caso cuarteles?

-Sobre esa denominación. Un fiscal general no puede hablar así de un investigado que tiene sus derechos. Todos los procedimientos en curso tienen su trámite y no debo entrar a interrumpirlos, entorpecerlos o ensombrecerlos.

-La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por el espionaje a Luis Bárcenas. ¿Es este el sumario de corrupción de la democracia más grave desde los GAL?

-No puedo calificar ni clasificar procedimientos, todos son intolerables para el Estado de derecho, con una respuesta proporcional a su gravedad. Porque es intolerable instrumentalizar las instituciones para fines particulares. Para impedir la aplicación de la ley y la acción de la justicia.

-Ha asegurado en más de una ocasión que la política criminal del Gobierno debe ser ejecutada por el fiscal general del Estado. Dado que esto no figura en el estatuto de la Fiscalía, ¿a qué se refiere con esa apreciación?

-No lo he dicho en ese orden (ríe)... No lo menciona el estatuto, no, pero la Constitución sí dice que el Gobierno dirigirá la política criminal. Así que tenemos que el Gobierno dirige la política criminal y que el presidente está obligado a designar al fiscal general. Luego tiene lógica y sentido que el fiscal general participe, de alguna manera, en esas prioridades que tiene el Gobierno. Política criminal no es que el Gobierno quiera que el fiscal haga algo en concreto que puede favorecer un determinado interés de ese Gobierno. Política criminal es que las prioridades del Gobierno en este terreno son seguidas por el órgano capaz de interpretar el principio de igualdad en todo el territorio. No tendría mucho sentido, por ejemplo, un fiscal general negacionista con un gobierno que pretende implantar políticas contra la violencia de género.

-¿Tiene que seguir siendo el Ejecutivo el que elija al fiscal general o hay que cambiar el modelo?

-¿Y cómo lo cambias? Esta es una discusión aparentemente muy bonita que a mí se me plantea siempre y que acaba en un callejón sin salida. ¿Cree alguien que se evitaría este halo de duda sobre la imparcialidad del fiscal general si lo eligiera al Parlamento?

-Hay fiscales que plantean que la elección del Gobierno se dote de una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso, que el mandato del fiscal se extienda cinco años para no depender del Ejecutivo de turno y que no sea reelegible.

-Ah, perfecto. Y ahora vamos a conseguir un consenso para reformar la Constitución, nada menos, y meter todo eso. Es fácil definir un juez: todos los jueces del mundo son iguales. Pero no encontramos dos fiscales iguales. En Francia no hay un fiscal general, tampoco en Italia ni en Alemania. Así que no se trata tanto de cómo se elige al fiscal general, sino de qué estatus y qué contrapesos tiene. Porque cambiar la Constitución es bastante complicado.

«Mataron a fiscales. ¡Cómo no vamos a querer aclarar los crímenes de ETA!»

-El Gobierno acaba de sellar el final histórico de la política de dispersión sobre los presos de ETA. ¿Qué le provoca?

-La política penitenciaria corresponde al Ejecutivo y no me corresponde a mí valorarla.

-El Supremo está paralizando la concesión de terceros grados del Gobierno vasco a reclusos por delitos terroristas a la espera de que se resuelvan los recursos de la Fiscalía.

-La interpretación de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos trajo de cabeza durante muchos años. Al final, el Supremo ha dicho que si el fiscal interpreta que esa persona no debe salir de la cárcel, no lo hará hasta que se resuelva la cuestión. Estamos en el campo de lo jurídico, que exige una serie de requisitos para que una persona pueda acceder al beneficio del tercer grado. La Fiscalía examina si se dan esas circunstancias, cada caso es individualizable y cada cuestión, distinta. Y sin querer minimizar el fenómeno de ETA.

-¿Los recursos pueden sugerir que el Gobierno vasco está manteniendo una actitud condescendiente en algunos casos?

-Volvemos a lo mismo, cada caso es individualizado. No cabe hacer un juicio de valor general sobre qué ha hecho una Administración o deja de hacer.

-La herida abierta de los más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, ¿puede suturarse? ¿Habría que regular la figura del arrepentido?

-No lo sé. Yo creo que se han utilizado todos los instrumentos que tiene el Estado de Derecho para poder esclarecer los crímenes de ETA. Y hay algunos supuestos en el Código Penal que ya prevén algún tipo de rebaja penalógica en los supuestos de colaboración con la justicia. Lo que sí es importante transmitir es que los crímenes de ETA deben ser esclarecidos. Las víctimas tienen derecho a saber qué es lo que pasó haya pasado el tiempo que haya pasado, para también quitar cualquier sombra de duda sobre las prescripciones de los delitos. Y la Fiscalía está en eso: no se va a parar porque no se ha parado nunca. Y me duele recordar que a la fiscal Tagle la mataron, que al fiscal Luis Portero lo mataron. ¡Cómo no vamos a querer esclarecer los crímenes de ETA y que las víctimas tengan ese derecho a conocer la verdad, a la justicia y la reparación!

-¿Vamos a ver detenido a Vladimir Putin por crímenes de guerra?

-Es imposible saberlo, estamos en un conflicto armado. Lo importante es que el Derecho Internacional se está armando para que no haya agresiones que queden impunes. La orden de detención de Putin por el fiscal de la Corte Penal Internacional es un reflejo de ese mensaje.

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