Los socialistas, el PNV y ERC dejan sola a Yolanda Díaz con su propuesta
11 oct 2023 . Actualizado a las 15:23 h.Sumar presentó este martes su propuesta de amnistía para los encausado por el procés. El texto acota un marco temporal para esa amnistía que iría desde el 1 de enero de 2013 hasta el 17 de agosto de 2023, día de la constitución de las actuales Cortes Generales. La propuesta, titulada Dictamen sobre una propuesta de Ley de amnistía» está firmada por cinco juristas especializados en derecho penal coordinados por Nicolás García Rivas, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que consideran que la amnistía tiene «perfecto encaje en el ordenamiento jurídico». Lo que se propone es concederla a las acciones «ejecutadas por ciudadanos» que tuvieran como finalidad «la reivindicación del derecho de autodeterminación».
El dictamen cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y también 18 sentencias del Constitucional sobre las leyes de Amnistía de 1976 y 1977, así como la amnistía fiscal concedida por el Gobierno de Rajoy en el 2012. Se alude también a la normativa aprobada por el Parlamento inglés relativa al conflicto norirlandés.
Los delitos que encajarían en esa amnistía son los cometidos contra la Administración Pública, contra la Constitución, el orden público, lesiones, amenazas, revelación de secretos o infracciones de la ley de seguridad ciudadana. La amnistía se presenta como segunda fase de la «política despenalizadora», tras los indultos, la supresión de la sedición y la reforma de la malversación.
El documento precisa quiénes se beneficiarían de la amnistía. Entre ellos están los 50 cargos de la Generalitat implicados; 700 alcaldes investigados por apoyar el referendo ilegal; los CDR acusados de delitos contra el orden público; la imputación a Tsunami Democràtic por las protestas callejeras; 54 personas con procedimientos abiertos en el Tribunal de Cuentas o 600 Ayuntamientos implicados por su relación con la asociación Municipios por la Independencia.
«Falta de proporcionalidad»
Se incluye en la amnistía a policías y guardias civiles que participaron en las cargas destinadas a impedir la votación, excepto las calificadas como tortura.
La amnistía se justifica indicando que el conflicto político en Cataluña resultó agravado «por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales».
La iniciativa de Sumar ha sembrado el malestar del PSOE y de sus aliados del PNV y ERC, que dejaron sola a Yolanda Díaz. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dijo no entender «a qué viene» que Sumar anuncie su propia propuesta para una ley de amnistía y consideró que esto deberían resolverlo Junts y ERC con el candidato Pedro Sánchez. «Son ganas de ser el perejil en todas las salsas», comentó Esteban, que avisó de que «cuantas más manos haya en el guiso, más complicado se hace».
También el portavoz del PSOE, Patxi López, se desentendió de la propuesta asegurando que «no hay guiso, el guiso no está en el fuego», refiriéndose a que ni siquiera está sobre la mesa de las negociaciones esta medida de gracia que Junts y ERC exigen para apoyar la investidura. López adelantó que habrá «discreción absoluta» durante la negociación de los acuerdos. ERC ya reprochó también a Sumar que negocie «a golpe de titular» en vez de con «discreción» y el propio Pedro Sánchez ya se desvinculó de la iniciativa de sus socios.
El comisario de Justicia de la Unión Europea avisa de que hay «algunos límites» a una ley de amnistía
El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, aseguró este martes que la redacción de la eventual ley de amnistía a los encausados por el procés que reclama Junts para investir a Pedro Sánchez es una «competencia nacional», pero avisó de que «hay algunos límites», en referencia al impacto que puede tener la norma en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos.
Así se pronunció Reynders en declaraciones a la prensa durante el seminario Servicio público de Justicia en tiempos de cambio, celebrado en el módulo permanente de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
Reynders insistió en que hasta el momento no ha recibido ningún texto de ley sobre el que se pueda pronunciar. «He escuchado que puede ser posible que en los próximas horas o días haya un texto de referencia en las negociaciones para la formación de Gobierno», apuntó, al tiempo que indicó que desde la Comisión Europea evaluarán de cerca el contenido de dicho borrador.
En este sentido, recalcó que estará pendiente. «Primero de todo, como dije, es una competencia nacional, pero, por supuesto, hay algunos límites. Y saben que en Europa estamos muy involucrados en la lucha contra la corrupción», sostuvo.
El pasado lunes, Reynders avisó —en una intervención en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo— de que estaría atento al impacto de la ley de amnistía, en especial en lo que se refiere a delitos de malversación que afecten a fondos europeos.
«Delitos muy graves»
Según apuntó, un texto legal como el que exige Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez dejaría «privadas de contenido» sentencias judiciales y procedimientos en marcha por delitos «muy graves» como la malversación o la desobediencia.
Preguntado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —pendiente desde diciembre de 2018— indicó que retomará los contactos si hay un nuevo Gobierno, primero para impulsar la renovación y «luego comenzar con la reforma».
El comisario de Justicia incidió en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es un asunto «muy urgente», entre otras cuestiones, porque hay «una evolución negativa en la percepción» que la población tiene de la Justicia. Pese a la necesidad de renovación, Reynders subrayó que no tiene «ninguna preocupación» por la independencia de los jueces en España.