La Comisión Permanente del CGPJ asegura que las declaraciones de Ribera «son contrarias al principio de lealtad institucional»
ESPAÑA
La ministra de Transición Ecológica aseguró que el juez instructor del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, tiene una «querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles»
19 ene 2024 . Actualizado a las 18:44 h.La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este viernes por unanimidad una declaración institucional en la que señala que las palabras de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, en RTVE, «son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente en un estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea».
Este mismo viernes, los vocales del sector conservador del CGPJ habían solicitado al presidente interino del órgano judicial, Vicente Guilarte, la convocatoria de la Comisión Permanente después de que Teresa Ribera afirmase que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye entre otras la causa de Tsunami Democràtic, tiene una «querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles».
La vicepresidenta cuarta hacía referencia al auto del magistrado de la Audiencia Nacional, en la que reafirmaba quien basándose en nuevos informes, el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira debían ser juzgados por terrorismo. La petición fue impulsada por tres vocales que forman parte de la Comisión Permanente: Carmen Llombart, José Antonio Ballestero y Ángeles Carmona.
«Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», remarcó Ribera en TVE, en referencia a que el auto coincide con la tramitación en el Congreso de la proposición de ley elaborada por el PSOE que pretende amnistiar a los encuasados por el procés.