Los fiscales del Supremo piden abrir una investigación por terrorismo a Puigdemont
ESPAÑA
Rechazan por una elevada mayoría el informe presentado por el fiscal Álvaro Redondo, en el que solo se apreciaban desórdenes públicos
06 feb 2024 . Actualizado a las 19:46 h.La junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo acordó este martes solicitar al alto tribunal que abra una causa contra Carles Puigdemont por un delito de terrorismo. Los fiscales revocan así el criterio del fiscal Álvaro Redondo, que no apreciaba delito en los hechos investigados sobre Tsunami Democràtic ni participación de Puigdemont en los mismos. Los fiscales rebatieron el criterio de su compañero en una votación con el resultado de doce frente a tres de los quince fiscales que entendían que se trata de delitos de terrorismo y de once a cuatro a favor de imputar en los hechos a Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlamento catalán Ruben Wagensberg, huido en Suiza ante el temor a ser acusado de terrorismo por los actos ocurridos en octubre de 2019, tras la difusión de la sentencia a los líderes del procés.
Los participantes en la reunión, que se prolongó durante cuatro horas y tuvo un ambiente tenso, votaron a favor de que se redacte una nueva ponencia tras el rechazo al texto de Redondo que exculpaba a Puigdemont. La gran mayoría de los fiscales defendió que la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, debe asumir la instrucción del caso Tsunami, ya que existen indicios de que Puigdemont, que se encuentra aforado por ser eurodiputado, estaba al mando de la plataforma que provocó los actos calificados como terroristas.
Debate tenso
Durante una larga intervención, el fiscal Álvaro Redondo defendió su informe contrario a implicar a Puigdemont en un delito de terrorismo. Solo logró convencer al fiscal Joaquín Sánchez-Covisa, que apoyó la inexistencia de actos de terrorismo, y a Manuel Martínez, que estimó que se debe seguir investigando antes de pronunciarse sobre la cuestión.
En una segunda votación, la que afectaba a Puigdemont, el resultado fue de once de los quince fiscales a favor de investigar por terrorismo al expresidente de la Generalitat y al diputado de ERC y solo cuatro en contra. El criterio acordado por la junta de fiscales no es vinculante para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero lo amplio de la votación da argumentos de peso para que sea asumido por el Supremo. La encargada de redactar un nuevo informe para al requerimiento de la Sala Segunda sobre la exposición razonada del juez Manuel García-Castellón será la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.
Indicios «demasiado abiertos»
En su informe, Redondo defendía que no existen indicios racionales de criminalidad en los hechos investigados que puedan calificarse como terroristas. El escrito, redactado por Redondo el pasado 30 de enero, pedía que se rechazara de plano la tesis de que el Supremo debe hacerse cargo de la investigación al entender que el juez Manuel García Castellón trataba de imputar a Puigdemont con «indicios demasiado abiertos».
El debate estuvo condicionado por la información del diario El Mundo, que reveló la existencia de un primer informe de Redondo en el que sí se apreciaban delitos de terrorismo por parte de Puigdemont, aunque luego, tras una conversación con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambio de criterio, aunque aseguró que no recibió presiones de ningún tipo para elaborar ese segundo informe.
Dos informes contradictorios del mismo fiscal en un plazo de 96 horas
En el primer informe redactado por el fiscal Álvaro Redondo, difundido por el diario El Mundo, se afirmaba que «de los hechos relatados resulta, claramente, que la finalidad de todas las actuaciones de Tsunami Democràtic, orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético de Puigdemont, no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras económicas de España, obligando a los poderes públicos a negociar la autodeterminación de Cataluña, alterando gravemente la paz pública al causar dicha desestabilización, y al exigir públicamente tal negociación claramente inconstitucional, lesionando para ello gravemente la integridad física y moral de los ciudadanos, y afectando gravemente a su libertad personal».
La rotundidad con la que se expresaba en ese primer documento hace más extraño su cambio radical de opinión en solo 96 horas.
De terrorismo a desórdenes
Los dos informes tienen un formato idéntico y contienen el membrete de Administración de Justicia, acompañado del sello de la Fiscalía del Tribunal Supremo y el número de procedimiento. El texto llegó a ser enviado por Redondo a su superior, el fiscal de Sala jefe de la Sección Penal, Fidel Cadena. Pero Redondo calificó al pasado lunes ese texto como «un primer borrador interno» y «un documento de trabajo, sin carácter de documento procesal».
Fechado el 26 de enero, el primer texto aseguraba que las acciones de Tsunami Democràtic tenían encajaban en el delito de terrorismo. «La participación de Carles Puigdemont en las conductas consistentes en realizar actos que afectaron a dichos bienes jurídicos, con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública y obligar a los poderes públicos, puede considerarse, al menos en este momento procesal, como ilícito penal, y concretamente como delito de terrorismo», señalaba.
Sostenía que el asalto a la torre de control y el aeropuerto de El Prat no fueron «iniciativas tomadas, simplemente, actuando en grupo, sino planificadas y llevadas a cabo en el seno de una organización violenta» y constituyeron un «grave atentado» contra la paz pública.
El martes 30 de enero, Redondo se reunió con el fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz. Después de esa reunión, Redondo comentó a sus compañeros que había cambiado de criterio y ya no veía un delito de terrorismo sino uno de desórdenes públicos en los que no implicaba a Puigdemont.
Un fiscal conservador en contra de la ley de amnistía
El fiscal Álvaro Redondo Hermida, autor del informe que exculpa a Puigdemont, lleva más de 20 años en el Tribunal Supremo. Tras la polémica suscitada por su cambio de criterio, defendió a su superior, el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, negando que este le hiciese ninguna indicación.
Redondo accedió en 2005 a la fiscalía del Supremo tras una carrera en la que estuvo en la fiscalía de San Sebastián y fue después el decano de Cataluña. El lunes, Redondo quiso salir al paso de la información que aseguraba que había redactado un primer informe favorable a que se investigue a Puigdemont por terrorismo. «Tengo 68 años, 46 de los cuales he estado al servicio del Derecho: siete años como magistrado, carrera en la que continúo en excedencia, y los demás como fiscal», afirmaba Redondo para defender su independencia.
Redondo es oriundo de Uruguay y se trasladó a España con 20 años. Es miembro de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y que se muestra muy crítica con la gestión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Redondo se define como un fiscal conservador y no tiene reparos en exponer su criterio contrario a la amnistía a los líderes del procés en artículos de prensa publicados en el diario La Razón. Los textos que ha publicado en el diario son los titulados «Amnistía y Constitución», «La amnistía en la doctrina del Tribunal Constitucional», «Una nueva ley de amnistía es inconstitucional» y «La amnistía inviable: el auto del Tribunal Constitucional 32/1981» . En ellos deja claro su criterio contrario a la constitucionalidad de la ley de amnistía. Es contrario además a la ley de Memoria Democrática. Pero a la hora de exponer su informe exculpa al expresidente catalán, Carles Puigdemont, de los delitos de terrorismo en el caso Tsunami.