El exministro Fernández Díaz sostiene que la responsabilidad del espionaje a Bárcenas fue de la cúpula del PP

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El extesorero del PP Luis Bárcenas, saliendo de la Audiencia Nacional en una imagen de archivo.
El extesorero del PP Luis Bárcenas, saliendo de la Audiencia Nacional en una imagen de archivo. Óscar Cañas | Europa Press

El escrito de defensa del ministro del Interior con Rajoy carga contra el juez García Castellón por no investigar «a otras personas de instancias ajenas» a su departamento, a quienes sí les afectaba la información sensible del extesorero

20 mar 2024 . Actualizado a las 16:36 h.

El ministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha presentado su escrito de defensa en el denominado caso Kitchen, el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas para recuperar información sensible en su poder y que se hizo con cargo a fondos reservados. Con la vista puesta ya en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional, el exdirigente popular sostiene que el juez Manuel García Castellón ha cerrado «en falso» su instrucción porque se ha limitado a investigar «al entorno del Ministerio del Interior» y ha obviado la existencia de «numerosos elementos e indicios que apuntaban hacia otras personas de instancias ajenas a dicho departamento».

De esta forma, el abogado de Fernández Díaz, aunque sin citarlo de forma expresa, eleva la responsabilidad de la operación Kitchen a la cúpula del PP en los años de los hechos, entre el 2013 y el 2015, cuando Mariano Rajoy presidía el partido y María Dolores de Cospedal era la secretario general. Sin embargo, tanto García Castellón como la Sala de lo Penal ya rechazaron en su día investigar a la dirección del PP por estos hechos.

 El tribunal de apelación, presidido Alfonso Guevara, resolvió por última vez en febrero del 2013 que las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en las que apuntaban al conocimiento de Cospedal de estos hechos son indicios insuficientes para investigarla porque les falta «contexto».

El escrito de defensa de Fernández Díaz -de 31 páginas y en el que sostiene que no existen indios contra el exministro- denuncia que la instrucción del juez y su determinación de que el procesado fue el «máximo responsable» de Kitchen «es ajena a toda lógica». Añade que es «contradictoria con el resultado de las diligencias practicadas» y concluye que ha «perjudicado gravemente ya (antes del juicio)» a su cliente, «quien se verá sometido a una pena de banquillo y telediario tan innecesaria como injusta».

Justifica, además, que la operación parapolicial contra Bárcenas «no le afectaba ni perjudicaba» personalmente, ya que la información sensible en poder del extesorero popular se refería a la existencia de una caja B en el seno del partido. «No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial», relata el letrado, que concluye: «Es tan evidente que el origen de la operación ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior, como que Bárcenas era el tesorero del Partido Popular y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio».

Testificales de Nieto y Marlaska

También ha presentado su escrito de defensa el que fuera número dos de Fernández Díaz, Francisco Martínez. El exsecretario de Estado de Seguridad considera que, dado que los supuestos delitos que se le atribuyen, y por los que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel como a su jefe, fueron cometidos en beneficio exclusivo del PP, de ahí la petición para que el partido sea condenado como partícipe a título lucrativo.

La defensa sostiene que su cliente no es responsable de ninguna de las conductas que se le atribuyen. «Es completamente incoherente investigar durante más de cinco años un supuesto encubrimiento, practicando toda clase de diligencias invasivas de derechos fundamentales, como intervención de comunicaciones y registro domiciliario, y no investigar en absoluto los delitos supuestamente encubiertos o a sus autores y partícipes, máxime si ocuparon altísimos cargos públicos», recoge su escrito.