El Parlamento reclama la descentralización de Navantia Ferrol

Beatriz García Couce
Beatriz Couce FERROL

FERROL

El PP rechaza dos proposiciones de PSOE y AGE sobre el dique flotante

16 sep 2014 . Actualizado a las 20:10 h.

El sector naval ferrolano copó en los últimos meses cruces de acusaciones entre los partidos en el Parlamento gallego, pero esta mañana se ha recuperado la unanimidad con una iniciativa defendida por el BNG. Así, todos los grupos apoyaron la propuesta nacionalista de que los astilleros gallegos de Navantia cuenten con gestión propia. La Cámara autonómica instará al Gobierno central a que autorice una gestión descentralizada del naval público de la comunidad , «que dote de autonomía empresarial á ría de Ferrol».

Además, de nuevo ha vuelto el consenso en uno de los aspectos recogidos en la Ley del Sector Naval de Galicia, que nunca llegó a materializarse: que la Xunta impulse este segmento industrial a través de su participación en el consejo de administración de los astilleros públicos. «Isto debe supor unha implicación do Goberno galego encamiñada a propiciar os investimentos necesarios e o financiamiento da industria auxiliar do naval», subraya el texto de la proposición aprobada ayer en ela Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.

Que los astilleros públicos gallegos cuenten con una gestión propia es una antigua demanda política, sustentada por los resultados económicos que en los últimos años presentaron estas factorías, con beneficios en la mayoría de sus divisiones, frente a las pérdidas del resto de los centros. Al mismo tiempo, la política de centralización de compras que aplica el grupo público ha sido cuestionado por los representantes de los trabajadores, que insisten en que ralentiza los procesos.

Pese a la unanimidad en este punto, fueron rechazadas otras dos iniciativas de AGE y PSOE sobre el dique flotante y la consecución de carga de trabajo civil, una vez que finalice, el próximo 31 de diciembre, el veto a la construcción civil que pesa sobre la antigua Astano y las limitaciones para este mercado del resto de centros. Los populares insisten en que la Dirección General de la Competencia es la que prohíbe la ejecución de este proyecto, para el que la Xunta había consignado cinco millones de euros en sus presupuestos.