Santiago Martínez lleva un despacho en Ares junto a la letrada Cristina Vázquez. En este caso trabajaron duro para llegar a un acuerdo que evitase un pleito que han ganado.
—¿Son habituales este tipo de situaciones?
—Lo desconozco, pero la postura de las dos eléctricas (distribuidora y comercializadora) fue tan tajante ante los clientes que todo hace suponer que en otros casos debió de funcionarles ¿Cómo pueden protegerse los clientes que sufran una situación similar?
Siempre deben reclamar que las eléctricas les expliquen y justifiquen de donde salen las cantidades facturadas y, sino están de acuerdo, asesorarse tanto técnica como legalmente para exigir el respeto a sus derechos.
—¿Qué supuso a estos clientes?
—Recibieron varias llamadas de los empleados de la comercializadora anunciándoles posibles cortes de suministro que nunca llegaron a producirse, así como la interposición de acciones legales que, en este caso, terminaron llegando. Cuando se vieron ante un pleito y pusieron el asunto en nuestras manos nos dieron total libertad para solucionarlo mediante negociación y, de hecho, propusimos a la eléctrica una solución obtenida a partir de los consumos de los años anteriores que tampoco aceptaron. Intentamos mantenerlos lo más alejados de los detalles del asunto para evitarles más preocupaciones y ellos respetaron nuestro trabajo en todo momento.
—¿Cómo valora la sentencia?
—La sentencia es impecable. Para obtener éxito en una reclamación judicial el primero de los requisitos es acreditar la certeza de los hechos. Aún cuando los clientes nunca negaron que el contador pudiese estar averiado, la compañía comercializadora nunca fue capaz de justificar de donde se obtenían las desorbitadas cifras de consumo que facturó y que pretendía cobrar.
La jueza no pudo dar por buenas unas cantidades obtenidas a partir de unas estimaciones, cuyo método de cálculo no resultó probado, ni siquiera explicado.