La plaga de la patata ya ha obligado a retirar 33,5 toneladas en la zona
CABANAS
Medio Rural prevé «repasar» aquellos concellos donde puedan quedar tubérculos
19 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Desde el día 2 de mayo, cuando se inició, en el municipio de Cabanas, la retirada de patatas de las zonas infestadas por la Tecia solanivora, se han arrancado 35.555,93 kilos en nueve de los 13 municipios afectados en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. El operativo se puso en marcha a comienzos de este mes con muchas dudas -vecinos que ignoraban quién tenía que cavar la tierra para recoger los tubérculos, qué podía ocurrir si no habían declarado las plantaciones o cómo y dónde tenían que tramitar las eventuales indemnizaciones- y prosigue, sin que se hayan aclarado algunas de las preguntas planteadas por los productores, tanto los profesionales, un porcentaje mínimo en la zona, como los de autoconsumo.
El personal de la empresa Seaga ha acudido ya a los concellos de Ares, Cabanas, Fene, Mugardos, Ortigueira, Mañón, As Pontes, A Capela y Neda, de donde se han llevado, en camiones estancos, las patatas depositadas previamente en sacos de plástico, para su posterior destrucción en una planta de Cerceda. Y ha oído las quejas de muchos vecinos. «Eu son unha muller de máis de 83 anos e xa lles dixen que nin as botei nin as penso arrincar agora, porque non podo, non estou disposta a pagarlle a quen mo faga e o fillo non pode vir estes días», les espetó una ortegana.
La falta de información y el protocolo de actuación establecido por la Consellería de Medio Rural también ha generado malestar en los ayuntamientos, con críticas del gobierno nacionalista de San Sadurniño o de los ejecutivos socialistas de Ortigueira, Ares, Neda, Valdoviño, A Capela y As Pontes. Lamentan la precipitación de algunas decisiones, la falta de control en la recogida de los tubérculos o la obligación de los agricultores, muchos de avanzada edad, de recolectar las patatas que no podrán consumir, «aínda que estean sas e non teñan nada diso», como apunta una familia nedense, que sospecha de «intereses ocultos, que se van ver na suba dos prezos». Al tiempo que protestan, temen posibles castigos, ya que la Ley de Sanidad Vegetal estipula sanciones de un mínimo de 300 a 3.000 euros, por infracciones como saltarse el veto y plantar patatas durante los dos años de prohibición fijados, o negarse a su destrucción. También genera malestar «ver que no concello do lado non lles poñen problemas, e ti, a uns metros, non podes facer nada», apunta un valdoviñés.
La Consellería de Medio Rural insiste en que el propósito no radica en sancionar a quienes infrinjan las órdenes dictadas por este departamento o por el Ministerio de Agricultura, sino luchar contra la polilla guatemalteca para tratar de erradicarla. De ahí que se dispongan a «repasar» aquellos municipios donde aún quedan tubérculos plantados o almacenados, de anteriores cosechas o de producto adquirido para la temporada de siembra, que se truncó (salvo en las áreas costeras donde ya se había plantado una primera cosecha este año).