El acusado dijo desconocer que entre las películas de adultos que descarga hubiera archivos de niños
25 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Fiscalía solicita un año de prisión para un vecino de Narón cuyas identidad responde a las iniciales D.S.M. como presunto autor de un delito de posesión de pornografía infantil. Se trata de un septuagenario que en noviembre del 2012 ya había sido condenado por un hecho de similares características a la pena de seis meses de multa.
Los hechos que se le atribuyen fueron descubiertos por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en un registro realizado en su domicilio en agosto del 2013. Supuestamente, utilizando algún programa de intercambio de archivos a través de Internet «conservaba para su satisfacción personal 19 archivos de vídeo en un disco y nueve en otro, en los que aparecen niños menores en posiciones o ejecutando actos de naturaleza sexual explícita», según las conclusiones de la Fiscalía.
Ayer en el juicio, el acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado, declaró que maneja el ordenador con unas normas básicas que le dieron cuando lo compró y que no tenía conocimiento de haber descargado archivos de pornografía infantil. Reconoció que sí le gustaba la de adultos y que descargaba «un montón» de películas cada día, porque le habían dicho que se iba a prohibir.
«Estaba avisado»
El septuagenario insistió en que no vio ninguna de menores, añadiendo que, a raíz de la anterior condena, «estaba avisado por mi abogado de que si me encontraban algo podían denunciarme».
Uno de los policías que intervino en el registro del domicilio del acusado testificó que la investigación se había iniciado en la Comisaría de Madrid a raíz de una alerta de la Policía de Chile que descubrió que en España se estaban descargando archivos de pornografía infantil. Se comprobó que era en Narón y la entrada y registro fue autorizada por un juzgado de Madrid.
El agente aseguró que en las capturas de pantalla que hicieron había archivos de niñas. El ordenador intervenido fue analizado por el grupo de periciales informáticos de A Coruña.
Al inicio del juicio, el abogado defensor había solicitado la nulidad del procedimiento bajo el argumento de que se habían vulnerado derechos fundamentales de su cliente, como la presunción de inocencia, pero la Fiscalía se opuso.