Los concellos perderán servicios si no los prestan con calidad y solvencia
11 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El debate de la reordenación de competencias municipales pone de acuerdo a los tres principales partidos y a los alcaldes, que coinciden en el rechazo a medidas drásticas y demandan al Gobierno que aproveche la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para abordar problemas como un sistema de financiación que penaliza a los ayuntamientos gallegos y las competencias impropias.
El Ministerio de Hacienda asegura que la modificación legal que el Consejo de Ministros remitirá este mes a las Cortes atenderá esas cuestiones. Ese proyecto legislativo supeditará la gestión de servicios al cumplimiento de parámetros de calidad en su prestación y a la solvencia contable. Los concellos que no satisfagan esos requisitos perderán competencias en favor de las diputaciones.
El punto de partida será fijar unos «servicios mínimos obligatorios» que deberán ofrecer todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con esos criterios de calidad. Hacienda pretende deslindar de este modo las competencias que prestan los concellos sin que realmente les corresponda, dentro del propósito de la revisión legal de que los entes locales no gasten más de lo que ingresan.
A falta de que el ministerio concrete el contenido del texto, PSdeG y BNG son los más críticos con una reforma que aportará músculo a las diputaciones con ese trasvase competencial, en un momento en el que crecen las voces partidarias de su extinción. El diputado socialista José Luis Méndez Romeu reprueba ese «refuerzo de entidades que están fuertemente cuestionadas, y que tampoco tienen capacidad para prestar esos servicios». Sostiene que el Gobierno debe plantear una reforma de la financiación, explicar con claridad las directrices que quiere aplicar y buscar el consenso político.
La nacionalista Sandra González reprueba una «inestabilidade na toma de decisións» que lleva al Ejecutivo a defender la supresión de las mancomunidades tras abogar por mancomunar servicios. Pero el gran punto de fricción siguen siendo las diputaciones. «Pérdese unha grande oportunidade de eliminar unha institución decimonónica e obsoleta», objeta la responsable de municipalismo del BNG y alcaldesa de Tomiño. Incide en que el problema es la financiación, que obvia factores que encarecen la prestación de servicios en Galicia, como la dispersión y el envejecimiento.
Desde el PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda apunta que el objetivo no puede ser otro que «clarificar competencias e establecer unha financiación axeitada, e suprimir duplicidades». Apostilla que, con todo, la reforma no tendrá en Galicia un impacto drástico, porque Hacienda validó los planes de ajuste remitidos por los concellos para acceder al plan de pago a proveedores. Ese programa habilitó 200 millones para sacar del cajón más de 110.000 facturas.
El presidente de la Fegamp, José Manuel Rey, asegura que el organismo municipalista está en contra de liquidar competencias a los concellos. Admite que las diputaciones «necesitan una actualización a nuestro tiempo», y corrobora que la clave para que los ayuntamientos puedan prestar servicios es la reforma de la financiación local, que «sigue pendiente».