El debate del copago está viciado desde hace tiempo. En parte por dogmatismo y en parte por la pobre, e incluso inverosímil, información que acompaña a su imposición. Se hace difícil, en consecuencia, hablar de ello en un plano racional aislándose del componente emocional que genera la sensación de desamparo de los pacientes en un momento difícil para el país, y en el marco de fuertes tensiones en el funcionamiento de los servicios de salud. A la vista de su impacto social y político no sorprende la respuesta de algunas comunidades y concellos. Y, sin embargo, algunos copagos, siempre de baja cuantía y con topes, en determinadas circunstancias y con las debidas ponderaciones y exenciones -especialmente pacientes crónicos y personas desfavorecidas- pueden valer. De hecho, son comunes en los sistemas europeos.
El problema surge por la ausencia de análisis rigurosos: no suele aclararse su coste de implantación, ni se cuantifican las consecuencias económicas a medio y largo plazo, ni, por supuesto, se identifican los costes sociales asociados. Y en el improbable caso de que todo eso se estudie, no se explica. Es imperativo asegurarse que los copagos «disuasorios» no produzcan efectos secundarios indeseables. Y entender que los copagos «recaudatorios» siempre han de ser evitables, es decir, no deben suponer merma en los aspectos esenciales de calidad de la prestación. Y esto también vale para medicamentos dispensados en hospitales para pacientes ambulatorios. Nuestro sistema sanitario tiene un importante déficit de transparencia y así es difícil convencer a nadie de nada. Existe también una excesiva obsesión por los resultados a corto plazo, en especial cuando se trata de ahorrar, y las consecuencias pueden ser profundamente contraproducentes.