Nada es más solidario que rascarse el bolsillo

GALICIA

22 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

El principio básico es que ningún alumno que muestre interés y capacidad para estudiar en la Universidad debe perder su oportunidad por falta de recursos. Y la generalidad de ese principio es tan evidente que en España casi nadie la discute. Por eso no deberíamos malgastar tanto tiempo en dividir a los políticos y a los gestores en buenos y malos, como si unos estuviesen poniendo dinero de sus bolsillos y otros disfrutando con la expulsión de los pobres de las facultades. Porque el problema no es el qué, es decir, la plena accesibilidad a la educación superior, sino el cómo, es decir, saber quién pone el dinero necesario, cómo se distingue a los que no pueden abonar las matrículas de los que no quieren hacer el esfuerzo de pagarlas, y cuál es el mínimo rendimiento exigible para que la sociedad se haga cargo de todas las carencias familiares o personales detectadas.

El orden lógico exige que la Universidad tenga matrículas adecuadas a la situación económica de cada momento, porque si tal obligación no se cumple, y se subvencionan los estudios a caño abierto, también estaremos transfiriendo dinero a las familias potentadas. Por eso la solución razonable no es que los que no pueden pagar no paguen, sino que los demás paguemos por ellos. Y eso puede instrumentarse mediante becas públicas o privadas, préstamos reintegrables, o fondos que la propia Universidad genera con la venta de sus servicios, investigaciones y patentes. Porque si se pone la directa, y se permite el impago discrecional, no hay justicia ni objetividad, y nadie sabrá nunca por qué motivos o circunstancias debe afrontar la sociedad costes extraordinarios.

Lo que no vale es confundir el Gobierno con el buenismo, y, en vez de ajustar los presupuestos, dejar que cada cual sea árbitro de sí mismo. Porque el principio legitimador del gasto público es la justicia eficiente. La única que provee objetivos realistas.