Tras más de treinta años como profesor universitario no he conocido a un solo alumno que haya dejado sus estudios por no poder pagar las tasas. Es más: ninguno de los cientos de estudiantes que he atendido personalmente me ha planteado jamás ese problema. Ni a mí ni a ningún colega que conozca. La explicación resulta fácilmente adivinable: que las tasas son asequibles en España y que, llegado el caso de que alguien no pueda abonarlas, existen mecanismos de cobertura social para evitar que ello provoque su expulsión de la Universidad.
Nada ha evitado, sin embargo, que exista morosidad desde hace tiempo en el pago de las tasas, tal y como ayer informaba este periódico. Morosidad que, es razonable pensar, puede haberse incrementado a consecuencia de la crisis económica.
Ante tal situación, hay quienes consideran que lo más justo -¡y lo más progresista!- sería que la inscripción en la Universidad fuese gratuita, lo que liberaría a las familias de pagar la cantidad, casi testimonial, que hoy deben abonar y que no cubre ni de lejos el coste real de los puestos escolares. Si viviésemos en Jauja yo compartiría tan maravillosa solución. Pero como, por desgracia, vivimos en un mundo donde todo tiene un coste, la supuesta gratuidad significaría, simplemente, que aquel se cubriría en su totalidad con cargo a impuestos, de modo que el gasto de las universidades lo sufragarían por igual las clases sociales cuyos hijos hacen estudios superiores en muy altas proporciones (altas y medias altas) y aquellas otras con porcentajes de hijos universitarios comparativamente reducidas (bajas y medias bajas).
¿Sería eso justo? A mi juicio resultaría absolutamente injusto. Lo justo de verdad consistiría en que en las matrículas hubiera varios escalones en función de la renta familiar: a más renta se pagaría más matrícula, y a menos renta, poco o nada.
Ocurre, sin embargo, que con el sistema fiscal que sufrimos actualmente (sostenido sobre todo por las rentas salariales y con un volumen de fraude formidable) fijar el precio de las matrículas en función de la renta vendría a gravar dos veces a los mismos: una al liquidar el IRPF y otra al pagar la matrícula, dado que los asalariados no podrían engañar con sus rentas, lo que sí pueden hacer, y hacen de hecho, muchos contribuyentes pertenecientes a otros sectores económicos.
Ese nivel de fraude es el que impide optar por un sistema de tasas más justo y razonable y, para decir toda la verdad, el que impide saber, sin ver caso por caso, cuántos de los morosos actuales son estudiantes en situación de extrema necesidad a los que debe ayudarse de inmediato y cuántos unos caras que se hacen los longuis para que otros paguen lo que sus familias deberían abonar. Ya sé que no es muy popular hablar tan claro, pero esa es la verdad.