Los ciudadanos y legisladores deberían reflexionar sobre la perversión que supone el que las víctimas -familiares de fallecidos y heridos- de un accidente ocasionado por un medio de transporte público realizado por una empresa del Estado, Renfe, en una vía construida, mantenida y explotada por el ADIF, otra empresa del Estado, se enfrenten al hecho de exigir un juicio justo e imparcial, solicitando responsabilidades por los hechos presuntamente punibles e indemnizaciones que palíen la pérdida de seres queridos o compensen sus minusvalías y daños psicológicos.
Las víctimas se ven obligadas a buscar abogados competentes, pero pueden ser doblemente víctimas si caen en manos de gabinetes especializados que se aprovechan de su indefensión e ignorancia para actuar ante los tribunales. En uno y otro caso habrán de abonar cuantiosos honorarios y tarifas para llevar adelante su defensa sin garantías de obtener un resultado justo ni una satisfacción por los daños causados.
Mientras tanto, las empresas causantes, el ADIF, Renfe y el propio Estado, propietario y responsable de la explotación ferroviaria y agente causante, en última instancia, de un grave accidente con 79 muertos y más de un centenar de heridos, disponen de bien dotados servicios jurídicos a cuenta de los Presupuestos del Estado que abonamos ustedes, yo y las víctimas. Sin contar con el ejército de técnicos especializados para arrimar el agua a su molino. Ante un caso tan grave, y la eventualidad de que esos servicios no sean suficientemente eficaces, contratan a bufetes de abogados de primer nivel -cueste lo que cueste- porque también los vamos a abonar ustedes, yo y las víctimas. Ya se han apresurado a aclarar que los gastos correrán a cargo del seguro? ¡vaya! Y el seguro, ¿lo pagan personalmente los presidentes del ADIF y Renfe?
Por si no llegase con estos medios económicos y profesionales, que dan clara ventaja a los eventuales culpables frente a las víctimas, el aparato del ministerio cuenta con los abogados del Estado, también a sueldo de ustedes, yo y las víctimas, a los que no importa desprestigiar al juez tachándolo de inquisidor, especulador o paranoico, para minorar la defensa de las víctimas. Algo no funciona bien en este Estado de derecho.