La Justicia española es tremendamente lenta, lo que motiva que la Fiscalía de Pontevedra se vea obligada a pedir el archivo de la causa abierta contra el exalcalde de Ribadumia José Ramón Nené Barral, por la prescripción del supuesto delito de blanqueo de dinero procedente del contrabando. Otras argumentaciones aparte, el ministerio público manifiesta que aunque puedan existir indicios de delito, tras trece años con la causa abierta, este resultaría necesariamente prescrito. Con el artículo 131 del Código Penal en la mano, además de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, al fiscal no le quedó más remedio que proceder de tal forma. Las prescripciones, y los criterios jurisprudenciales que permiten la estimación de la atenuante analógica de dilaciones indebidas en aplicación del artículo 21.6 del mismo texto legal, son más que habituales en el día a día de los tribunales españoles, y eso lo único que demuestra es que algo no funciona en nuestro sistema judicial. ¿Cómo es posible que permanezca abierta una causa la friolera de trece años? ¿Quién es el responsable? Pues los culpables no son otros que unos gobernantes, actuales y pretéritos, que siempre han dejado para mejor momento la modernización de la Justicia. No existen medios. Algunos juzgados carecen de la más elemental infraestructura para sacar los temas adelante, y a nuestros mandatarios el inmenso problema parece preocuparles muy poco. Un país en donde una causa está casi tres lustros sin cerrarse apesta a bananero. Y el presidente del Gobierno, como solución al problema, nos pone de titular de la cartera de Justicia al peor ministro que pudiera haber encontrado. Con sus gallardonadas, don Alberto nos está condenando a un pozo del que difícilmente saldremos. Sus reiteradas medidas, como la de suprimir partidos judiciales, colapsaran más el sistema, y entonces, las prescripciones de delitos no serán excepciones, sino la norma general.