La Audiencia de Ourense deja sin recursos al delegado de la Xunta para evitar el juicio

p. s. ourense / la voz

GALICIA

A Rogelio Martínez se le atribuyen delitos de falsedad, fraude, malversación y prevaricación

18 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Al delegado territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez, se le agotan los recursos para evitar el banquillo de los acusados por un asunto del año 2006. La Audiencia de Ourense acaba de desestimar un incidente de nulidad que, sobre el papel, reafirma el auto del juzgado de Ribadavia que el 13 de octubre del 2013 ordenaba la transformación de las diligencias previas 462/2006 en un procedimiento abreviado, con lo cual quedaba despejado el camino al juicio. Recurrió el popular Rogelio Martínez aquel auto del juzgado de Ribadavia y la Audiencia lo desestimó a mediados del pasado mes de junio. Y aunque la resolución era firme, su defensa presentó ese incidente de nulidad, que ha seguido el mismo camino. La mecánica procesal dice que no caben más revisiones, pero siempre queda -de hecho, el afectado ha dicho que agotaría todas las posibilidades- el recurso de amparo al Constitucional, última escapatoria posible, último obstáculo que se puede colocar si el afectado trata de retrasar el desenlace.

Con todo, el criterio que mantiene la Audiencia de Ourense ante los recursos de amparo es el de no admitir la suspensión del procedimiento, por lo que incluso con ese recurso abierto podría llegar a ocupar el banquillo de los acusados. Contrariamente, en casos de indultos cuando las condenas no son muy altas, la sala admite la suspensión de la ejecución de condena a la espera de que se pronuncie el Gobierno.

En este caso está personado el BNG y también una asociación vinculada al PSOE, que atribuyen delitos de falsedad, fraude, malversación y prevaricación al delegado de la Xunta de Ourense, aunque no por esta actividad, sino por la desarrollada en su etapa anterior como alcalde de Arnoia y presidente de la asociación Ceivam, sociedad que gestionó fondos del plan Leader. La acusación aparece vinculada al destino de esos fondos y la imputación se extiende a intermediarios o beneficiarios de las controvertidas subvenciones.

La Fiscalía ha pedido en todo momento el archivo de la causa.