La Xunta desbloquea el pago extra para que no quiebren dos autovías

serafín lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Inyectará hasta 4,7 millones más a las concesionarias de Barbanza y O Salnés

18 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Al gravoso negocio de Galicia con las autovías adjudicadas en régimen de concesión le ha salido otro agujero. La caída continuada del tráfico está provocando un desequilibrio respecto a las previsiones con las que construyeron los viales. Esto repercute en las cuentas de las concesionarias, que cobran de la Xunta un peaje encubierto fijado en función de esa expectativa de usuarios que ahora no se cumple. En este escenario, el Ejecutivo sostiene que se ve abocado a auxiliar a las empresas que explotan las autovías de Barbanza (AG-11) y O Salnés (AG-41) para evitar su quiebra y un rescate que cifra en 127 millones. Tras un paréntesis abierto por Facenda para analizar las posibles soluciones, que coincidió con el relevo al frente de la Consellería de Infraestruturas, el Gobierno de Feijoo ha retomado la operación con el propósito de aprobarla a final de año.

Será entonces cuándo la Xunta concrete oficialmente la fórmula elegida, que ya aplicará en el 2015, y el importe de esa inyección extra de fondos públicos a las concesionarias. El Ejecutivo se inclina por un incremento del canon que paga a las empresas que construyeron y explotan esas autovías. Defiende que elevar la tarifa que abona por vehículo sería la opción menos gravosa. De este modo, las concesionarias equilibrarán con recursos públicos lo que dejan de ingresar por el hecho de que los viales tengan una circulación sensiblemente menor a la que estaba prevista. Por el de Barbanza transitaron el año pasado 8.500 vehículos al día menos de lo estimado para su construcción. En el de O Salnés fueron 9.000 menos. Y la tendencia avanza en dirección contraria a la esperada. En lugar de ganar tráfico, esos viales cada año pierden más.

La incógnita está en la parte económica de la operación. ¿Cuál será el importe de esa inyección extra de fondos públicos? La última Lei de Orzamentos aporta una pista. La Xunta facultó en esa norma a la Axencia Galega de Infraestruturas a adoptar las «medidas de restablecemento do equilibrio económico necesarias para garantir a viabilidade económica da explotación das concesións de obra pública baixo o réxime de canon de demanda».

Para la cobertura de la deuda

En la práctica, esto implica que el Ejecutivo aportará el importe necesario para que las empresas puedan afrontar los gastos derivados de la deuda financiera por la construcción de las autovías. El límite que contempla está en la diferencia entre la inversión que presupuestó para los peajes y lo que realmente liquidó a las concesionarias de acuerdo al tráfico real. Por ejemplo, en las cuentas del 2013 reservó 9,68 millones para el canon de la AG-11, pero abonó 5,58. Y en la AG-41 pagó 600.000 euros menos de lo presupuestado. La inyección adicional no superará esos 4,7 millones de la diferencia, aunque la Xunta avanza que será menor y en ningún caso convertirá en beneficios las pérdidas de las empresas.

Esa subida de la tarifa por vehículo será limitada y se aplicará hasta la recuperación de los tráficos. Además, implicará una serie de condiciones para las concesionarias, que incluirán el control estricto de sus cuentas.