El alcalde de O Barco se defiende de su imputación por la «obstrucción administrativa» de la secretaria

María Cobas Vázquez
María Cobas O BARCO / LA VOZ

GALICIA

El socialista declaró por presunta prevaricación y malversación de fondos por mantener sin contrato la gestión de la ORA y el servicio de limpieza de edificios

22 oct 2014 . Actualizado a las 14:38 h.

El alcalde de O Barco (15.000 habitantes), el socialista Alfredo García, declaró ayer en el juzgado imputado por presunta prevaricación y malversación de fondos por mantener sin contrato -después de que estos venciesen- la gestión de la ORA y el servicio de limpieza de edificios. Y se defendió apelando a la falta de personal y al volumen de trabajo.

En las casi dos horas que permaneció ante el juez, García habló del «grave problema de gestión de personal» que vivió el Concello entre 2009 y 2012, debido a la «obstrucción administrativa» que, dijo, realizaba la secretaria municipal «por su enfermedad psicológica». «Todo el personal protestó y le remitió escritos diciendo que aquello era insostenible», según recoge el texto de la declaración; lo que desembocó en un expediente disciplinario. Apuntó que había puesto la situación en conocimiento de la Xunta, la subdelegación del Gobierno y la Diputación. Finalmente, la trabajadora fue incapacitada.

En todo el tiempo que estuvo en O Barco, la funcionaria «solo sacó un informe», argumentó. Como contraposición, dijo que desde que llegó el nuevo secretario «se consigue regularizar la gestión en plazo de los distintos expedientes administrativos».

El alcalde barquense, además, hizo mención del abultado «volumen de trabajo» en esos años, debido a las ayudas del Plan E, subvenciones europeas y otras obras de gran envergadura.

El juez quiso saber cuándo fue consciente el alcalde de que la empresa concesionaria del servicio de la ORA, Dornier, estaba sin contrato, ante lo que dijo que «no podría precisarlo con exactitud». Eso sí, descartó que hubiese intención de dejar tanto ese contrato como el de la limpieza «en precario», y lo resaltó alegando que, una vez que se resolvió el nuevo concurso, la empresa de limpieza elegida fue otra. El abogado del denunciante (el grupo municipal del PP) quiso saber por qué se ampliaron las calles de la ORA y García apeló «al interés público», puesto que «mejora el aparcamiento y fomenta el comercio». A sus preguntas contestó también que no recuerda exactamente cuándo se acordó, pero que se «imagina» que en 2009 (año en que venció el contrato, que no se renovó hasta este verano) y que no sabe «exactamente» en qué fecha había vencido. En su declaración recordó que el tema fue denunciado ante Fiscalía el año pasado, y fue archivado.

Sobre el servicio de limpieza de edificios, que durante meses estuvo sin contrato, dijo que «creía» que tuvo dos reparos suspensivos por parte del interventor; frente a los 69 que denunció el Partido Popular. Dijo que eran «por superación del límite temporal, no por el económico».

García acudió al juzgado arropado por los concejales de su grupo de gobierno y también por varios cargos del PSOE en la comarca de Valdeorras. Antes de entrar, y de nuevo al salir, se mostró «absolutamente tranquilo; me avala el convencimiento de que aunque hubiera errores administrativos, no hubo». Rechazando contar qué había dicho, quiso resaltar que no había eludido ninguna de las preguntas.